Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, arremetió contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por no ordenar a los aspirantes presidenciales de la oposición que dejen sus cargos públicos.
No existe obligación legal para que los aspirantes se separen de su encargo
Ayer, la Sala Superior del Tribunal descartó que las y los aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México (FAM) deban separarse de sus cargos para participar en el proceso interno.
La magistrada Janine Otálora propuso que los aspirantes a la candidatura presidencial de los respectivos partidos renunciaran a sus cargos a fin de garantizar la neutralidad y la equidad, así como prevenir el uso de recursos públicos en el procesos internos.
Sin embargo, los magistrados rechazaron la propuesta al argumentar que no existe obligación legal para que los aspirantes presidenciales soliciten licencia y se separen de su encargo.
Con esta determinación, las senadores Xóchitl Gálvez (PAN), Beatriz Paredes (PRI) y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN), quienes aspiran a coordinador del FAM, pueden continuar en sus cargos públicos.
Se corre el riesgo de que incurran en uso indebido de recursos
En respuesta, Delgado Carrillo criticó esta decisión al señalar que los aspirantes opositores utilizan “su posición para sacar ventaja”.
Calificó como contradictorio esta resolución del Tribunal Electoral, pues mencionó que durante años el órgano electoral sancionó a servidores públicos de Morena por participar en actos políticos, y ahora aprueba que los aspirantes a la candidatura presidencial por la oposición puedan continuar en sus posiciones legislativas.
“Tenemos casi tres años de resoluciones del Tribunal y sanciones del INE sobre funcionarios de Morena. Prácticamente les quitaban sus derechos políticos, porque no podían participar en otras actividades ni siquiera un domingo en la tarde. (…) No podían, porque las autoridades decían: ‘Nunca puedes quitarte del encargo público’. Y venía sanción tras sanción”, dijo.
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Delgado señaló que al no impedir que aspirantes permanezcan en sus cargos, se corre el riesgo de que incurran en uso indebido de recursos.
“Santiago Creel tiene bajo su responsabilidad todos los recursos de comunicación social de la Cámara de Diputados. Podría configurarse una desviación de recursos. Lo mismo la señora Xóchitl (Gálvez), quien sigue recibiendo recursos públicos”, explicó.
Mencionó que desde la emisión de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena detectó una contradicción, ya que dijo que por un lado se prohibía que los servidores públicos opinaran sobre los procesos políticos en curso y, por el otro, permitían que legisladores participaran en estos procesos internos.
“(Los aspirantes) conservan su carácter de funcionarios públicos y resulta que otro servidor público, como es el Presidente, no puede hablar de ellos, pero ellos como servidores públicos sí pueden hablar de otro servidor público que es el Presidente. Es un acto clarísimo de censura”, enfatizó.
Con información de Forbes México
MSA
