Durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador prometió que si llegaba a la Presidencia se acabaría la corrupción y pondría fin a las malas prácticas del pasado.
Sin embargo, hemos visto que ha hecho todo lo contrario, ya que el mandatario tabasqueño ha permitido y fomentado la corrupción, en vez de erradicarla.
Como ejemplo, tenemos lo que ocurre en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que sus funcionarios han impuesto empresas de escasa experiencia y con operación casi fantasmal a constructores o proyectistas del sector carretero interesados en obtener contratos.
De acuerdo con el portal La Crónica, para otorgar contratos también hay moches, procesos de licitación amañados y prebendas como “empresas amigas”, la mayoría de reciente creación.
“La negociación fue que fallarían a mi favor, pero además de la mochada, debía asociarse con una empresa de su pool, dizque para engrosar su historial”, señala Alejandro V., uno de los testigos, quien además denunció una red de sobornos al interior de la dependencia federal.
El portal tuvo acceso a denuncias y testimonios los cuales revelan el modo de operación anómalo de diversos funcionarios.
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Se trata de una red cuyos integrantes son llamados en el medio los “ten percent” -un mote de reminiscencias oscuras-, en alusión al porcentaje solicitado a quienes son favorecidos con contratos en el sector.
Para la distorsión y falseo de valores -en beneficio de quien, previo acuerdo, entregará una recompensa monetaria- esta red de sobornos utiliza a personal en puestos menores: los llamados analistas de obra, encargados de las calificaciones y con un salario neto inferior a 10 mil pesos mensuales.
Los abusos apuntan, en específico, a la Dirección General de Carreteras, de la cual ha sido separado en estos días -al menos en términos operativos- quien fuera su titular desde el inicio del sexenio: Francisco Raúl Chavoya Cárdenas.
Aunque proveedores, empresarios y funcionarios del área confirmaron su cese, todavía sin hacerse público y sin versión oficial, en la nómina registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) aparece aún en el puesto, con un salario bruto mensual mayor a 141 mil pesos.
Al interior de la SCT, se ha señalado como causa de su separación secreta, la cantidad de denuncias por corruptelas presentadas ante la propia SFP y el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia federal.
Con información de La Crónica
MSA
