Este miércoles, un ministro de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) prohibió sancionar penal o administrativamente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Además, el ministro Juan Luis González Alcántara mantuvo la orden de celebrar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presupuesto disponible.
En ese sentido, el ministro notificó hoy una orden del 31 de enero, para modificar la suspensión que había dictado el pasado 10 de diciembre, en la controversia constitucional que el INE promovió para impugnar la reducción de 4 mil 913 millones de pesos a su solicitud presupuestal, aplicada por la Cámara de Diputados.
“Se modifica la suspensión decretada el 10 de diciembre de 2021, solicitada por el INE, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”, ordenó González Alcántara.
Con tal decisión, es casi un hecho que el Instituto tendrá que organizar la consulta de revocación con los mil 503 millones de pesos disponibles, lo que solo le permitirá instalar entre 50 y 60 mil casillas, en vez de las 161 mil que ordena la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la única instancia que aún podría dictar una orden sobre el tema presupuestal, salvo que una de las salas de la Corte modifique en el corto plazo los términos de la suspensión de González Alcántara, lo que es poco viable.
Respecto al tema de las responsabilidades penales o administrativas de los consejeros, el ministro se refirió porque el INE amplió su controversia en enero, para incluir entre los actos reclamados una carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició por denuncia del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
Dicha denuncia fue presentada después de que el organismo electoral resolvió, por seis votos contra cinco, se aplazaría la consulta de revocación por falta de presupuesto. Este acuerdo fue anulado a finales de diciembre por la Sala Superior del TEPJF.
El tema de las responsabilidades administrativas, en tanto, podría derivar de la incapacidad del INE para celebrar la consulta de revocación con la amplitud que marca la ley, que ordena que debe ser con las mismas casillas que la última elección federal.
Después del berrinche hecho por Morena en diciembre, Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) prohibió sancionar penal o administrativamente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con información de Reforma
JZ
