Parece que le están sacando provecho a todo, pues los militares extendieron su poder cabildeando con legisladores, lo que a la postre permitió que frenaran investigaciones en contra de las autoridades castrenses.
Arquitecta de su propio destino, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se convirtió en cuatro años en la “supersecretaría” de la 4T, vía gestiones con legisladores y jueces, pero también mediante presiones sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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De acuerdo con los archivos hackeados por el colectivo Guacamaya, el Ejército también ha tenido desacuerdos con autoridades de aeronáutica civil y con el Servicio de Administración Tributaria por la expansión de su poder sobre la operación de aeropuertos y aduanas.
El 9 de septiembre de 2019 el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general brigadier de Justicia Militar, Miguel Carrasco Hernández, escribió –molesto– un correo electrónico a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.
El militar advertía que la Sedena rechazaba un proyecto de reforma al artículo 94 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, elaborada por la Secretaría de Gobernación (Segob), que abría la puerta a que las comisiones de búsqueda realicen inspecciones físicas en cuarteles e instalaciones militares.
“El incluir las instalaciones militares como lugares para la búsqueda de personas atentaría contra su seguridad y con la funcionalidad de aquellas”, alertó Carrasco Hernández.
Y agregó: “Al ser una preocupación de este Instituto Armado la posible votación en favor, y en consecuencia la aprobación de dicho proyecto por parte de la Cámara de Diputados, se solicita su valioso apoyo a fin de que por su conducto se agoten las instancias necesarias para que se materialice la reunión con diputados del grupo Morena y se contenga la adición a la ley en comento”.
Sin reunión, pero sí cedieron
Entre los millones de archivos que el colectivo Guacamaya hackeó a la Sedena, Proceso no encontró pruebas de que se realizó dicha reunión con diputados de Morena. Sin embargo, parece que el cabildeo del Ejército funcionó: el artículo 94 de la Ley General de Desaparición Forzada no autoriza a las comisiones de búsqueda buscar en los recintos o bases de datos militares.
Los correos electrónicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos muestran cómo la Sedena expandió su poder mediante la elaboración de leyes y el cabildeo con legisladores, políticos y jueces durante los primeros cuatro años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En otras palabras, aprovechando el afecto que le tiene el mandatario, la Sedena fue la propia arquitecta de su transformación en la “supersecretaría” del sexenio.
Un intercambio de correos entre la UAJ y la Consejería Jurídica de la Presidencia muestra que, a finales de 2019, la Sedena fue la “promovente” del acuerdo mediante el cual López Obrador ordenó la participación “extraordinaria” de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. En el acuerdo la Sedena estipuló que la Secretaría de Hacienda le asignará “recursos extraordinarios” para llevar a bien sus labores.
También presionan a la Corte
López Obrador publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2020, en una maniobra jurídica que fue denunciada por la oposición. La Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional, cuestionando la validez del acuerdo. La controversia llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) y el 8 de julio de 2020 el titular de la UAJ defendió el acuerdo ante la ministra Ana María Ríos Farjat… En un escrito de 20 cuartillas el abogado militar urgió a la ministra a “desechar de plano la temeraria e infundada demanda de controversia constitucional”.
Después de varios meses y una presión ejercida por el gobierno federal, incluyendo al propio López Obrador, los ministros de la SCJN se abstuvieron de resolver la controversia. La Sedena aseguró su plan cuando la Cámara de Diputados aprobó la ley para extender hasta 2028 su participación en las labores de seguridad pública, elaborada entre el gobierno federal y el PRI bajo la supervisión del Ejército.
Parece que ya conocen ningún límite, pues los militares extendieron su poder cabildeando con legisladores, lo que permitió que frenaran investigaciones contra la institución.
