Más asesinatos políticos en la 4T que en 2018

De manera inevitable, el crimen organizado es uno de los actores principales del actual proceso electoral

Foto: El Economista / Notimex

El pasado sábado, la camioneta en la que viajaban varios colaboradores de Guillermo Valencia Reyes, candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán, fue atacada a balazos por varios sujetos, con saldo de varios lesionados.

Este hecho, que por fortuna no pasó a mayores, se sumó a las decenas de acciones violentas por parte del crimen organizado en el marco del proceso electoral que está en marcha.

De manera inevitable, el crimen organizado es uno de los actores principales del actual proceso electoral. Participa de diversas formas: palomea candidaturas, veta otras, financia campañas y aplica su sistema de castigos para quien no se sujeta a su línea.

Desde que arrancó oficialmente el proceso electoral (8 de septiembre) hasta la fecha, el crimen organizado ha asesinado a 143 personas entre candidatos a cargos de elección popular, funcionarios municipales, militantes de partidos, activistas y periodistas, según un minucioso estudio elaborado por la consultora Integralia.

Esta cifra supera en poco más del 40 por ciento a la registrada en el mismo lapso durante el proceso electoral del 2018, que fue de 102 asesinatos relacionados con la actividad política.

Las cifras de la violencia que ha ejercido la delincuencia dentro del actual proceso electoral están relacionadas con el incremento de la inseguridad en general durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ninguna de las medidas adoptadas por el actual gobierno, entre ellas la creación de la Guardia Nacional, han logrado detener la violencia que se vive en diversas regiones del país controladas por el crimen organizado. Y eso, como vemos, se refleja también en el proceso electoral. 

Paradójicamente, quien tenía el deber de brindar seguridad a la ciudadanía a nivel nacional y reducir la actuación del crimen organizado, Alfonso Durazo, ahora busca un cargo de elección popular dentro de este proceso electoral en que se ha incrementado la violencia política.

De acuerdo con la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la dependencia a su cargo brinda protección a 117 candidatos a diputaciones federales y a gobernadores desde principios de año.

Pero como lo indican las cifras, esta decisión tampoco ha logrado inhibir la actuación del crimen organizado, que a veces invitado por algunos actores políticos y a veces auto invitado, está presente, con más fuerza que nunca, en el proceso electoral.