Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, rechazó que los ministros, jueces y magistrados sean electos por medio del voto popular al alertar que ello impactaría en en la autonomía del Poder Judicial.
Iniciativa va contra la independencia y autonomía que requieren los juzgadores
En una documento que envió al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, el legislador perredista planteó sus observación sobre la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Precisó que no está en contra de reformar al Poder Judicial, aunque advirtió que esto debe hacerse sin afectar los principios de progresividad, justicia de calidad y seguridad jurídica.
En este sentido, señaló que no coincide en que los juzgadores sean electos por medio del voto ciudadano como lo plantea la iniciativa del mandatario tabasqueño, ya que el mecanismo previsto afecta el espíritu de la carrera judicial, que está tutelado en la Constitución.
Recordó que la carrera judicial se basa en el mérito y la igualdad real de oportunidades, además de que fortalece la autonomía, la independencia, la imparcialidad, la idoneidad y la profesionalización de las personas que forman parte de ella.
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Resaltó que es indispensable asegurar que las personas que llegan al puesto de juzgador cuenten con los conocimientos de especialización y capacidad que solo certifican los concursos de oposición abiertos y transparentes aplicados por expertos.
Advirtió que, si bien se sostiene que la elección popular es para ciudadanizar y legitimar al Poder Judicial, la iniciativa no contempla la posibilidad de que se puedan postular candidaturas ciudadanas.
Indicó que solo se puede llegar a la convocatoria a través de las Cámaras del Congreso, la Presidencia o el Poder Judicial y dos de esos tres poderes tienen una carga política inherente a su esencia, lo cual es contrario a la independencia y autonomía que requieren los juzgadores.
Agregó que no se puede garantizar la autonomía e independencia cuando se advierte que los poderes de la unión “procurarán” que las postulaciones recaigan en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad, lo cual se hace laxo y debilita la exigencia, pues no se establece como una obligación.
Con información de MVS Noticias
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