Ante la intervención del crimen organizado en las elecciones, Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), planteó la necesidad de ir por una reforma electoral para atajar la intervención de los grupos delincuenciales en los procesos electorales.
Les comparto un extracto con algunas de las ideas que he puesto sobre la mesa acerca de cómo combatir al crimen organizado en el ámbito electoral.
Es urgente que cambiemos el paradigma del sistema electoral para responder a las necesidades actuales y no a las del siglo pasado.… pic.twitter.com/vKOgEBBsj3
— Felipe de la Mata Pizaña (@fdelamatap) January 30, 2024
Durante su participación en el Curso de Derecho Electoral, que se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del Estado de México, el abogado planteó un decálogo de propuestas, pues ha detectado que “el sistema está hecho de tal manera que facilita la violencia en las elecciones”.
“Tenemos que buscar cómo hacer un sistema en el cual no sea tan fácil capturar a los electores y a las casillas”, agregó.
En ese sentido, expuso que algunas medidas adicionales no necesitan reforma electoral, aunque sí coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos Públicos Locales Electorales.
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De la Mata Pizaña dijo que esta es la tercera y última vez que aborda el tema del crimen y las elecciones, pues comentó que funcionarios y exfuncionarios electorales hablan “bajito” del tema”, pero no lo quieren reconocer públicamente.
#NoticiasPJF | El magistrado del @TEPJF_informa, Felipe de la Mata Pizaña @fdelamatap sostuvo que ante el clima de violencia, se requiere implementar diversas acciones para garantizar unas elecciones pacíficas.https://t.co/gSUnrwy0pA pic.twitter.com/mWAHaYE3xt
— JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) January 30, 2024
Ante ello, detalló algunas propuestas específicas de reforma electoral o de coordinación para atajar al crimen organizado:
1.- Determinar en qué municipios las bases de información de los candidatos son públicas.
2.- Bancarizar toda aportación económica privada (ya que hoy se pueden entregar recursos en efectivo, aunque en montos reducidos).
“No quieren recursos ilícitos en las campañas, que se bancarice hasta el último centavo”, dijo.
3.- La posibilidad de presentar denuncias anónimas, por ejemplo, de presión a candidatos, partidos o familiares y que ese tipo de decisiones sea valorado al analizar sobre la validez de las elecciones.
En este punto admitió que eso puede trasladar “la presión por parte de los grupos de delincuencia organizada, ya no a los partidos y candidatos, sino a los Tribunales”. Por ello tendría que darse protección a magistrados.
4.- Una suerte de “botón de pánico”, a partir del cual se dé protección especial para algunas candidaturas y familiares; un sistema de testigo protegido que implique que familiares de candidatos sean protegidos y sacados de la zona, mientras termina la elección.
5.- Romper el paradigma de las campañas físicas y territoriales en algunos municipios. Aunque es probable que eso coarte los derechos del partido y del candidato y también de la ciudadanía, apuntó, eso se daría en condiciones de igualdad entre todos los contendientes.
“Pero, en casos muy graves, si no (se hacen esas campañas) son los grupos del crimen organizado los que atentan contra los derechos de la ciudadanía, con la modificación del resultado electoral a favor de las personas que ellos desean”, agregó.
6.- En casos como esos donde sólo haya campañas digitales, “que exista mayor disposición de tiempo aire, quizá, en medios de comunicación”.
7.- El voto anticipado por correo o por internet en algunos municipios.
“Ya sé, hay mucha gente que todavía no tiene acceso al internet, lo entiendo, pero es eso, o dejar que las personas del crimen organizado gobiernen las elecciones”, sostuvo.
8.- Instalar centros de votación masivos en las que se junten varias secciones electorales y urnas, con seguridad reforzada. Eso hará, dijo “que “ya no sea tan fácil secuestrar o incendiar una urna”.
9.- Sacar las casillas del municipio o distrito. Como ejemplo, expuso el caso del municipio de Nahuatzen, Michoacán, cuando en 2018 el OPLE decidió instalarlas en el municipio de al lado, por condiciones de seguridad ante amenazas y el TEPJF validó la acción aunque la ley marca que no es posible.
10.- Cambiar el cómputo municipal. Si las casillas se remiten al Consejo Distrital para el cómputo respectivo, abundó, se evita la intervención del crimen organizado.
Con información de Expansión Política
MSA
