Mientras todo el mundo parece consternado, aliviado o indignado por la salida de Arturo Escobar de la secretaría de Gobernación, pocos se han pronunciado por las otras detenciones que ordenó la FEPADE.
Como seguramente sabe, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ordenó a la PGR detener a Arturo Escobar. En ese momento, Escobar se desempeñaba como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. De acuerdo con la Fepade, el también ex diputado y ex senador estaría detrás de la fabricación y difusión de tarjetas de descuento en tiempos electorales. Y como todo el mundo está enterado, Escobar pidió licencia al cargo tan pronto se supo del proceso en su contra.
Sin embargo, Arturo Escobar no es el único que se encuentra en aprietos con la Fiscalía de Delitos Electorales.
Además de Arturo Escobar, la FEPADE ordenó a la PGR detener al ex secretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto Salazar Velasco. Como probablemente recuerda, este hombre reconoció que a pesar de su cargo público, metió la mano en la elección de gobernador.
Y para rematar, la Fiscalía pidió que se procese a Javier Jiménez Corzo –abogado del ex candidato a gobernador de Colima, Jorge Luis Preciado– y a Jesús Fuentes, presidente del PAN en aquel estado. De acuerdo a la autoridad, estos individuos habrían manipulado el padrón electoral.
Al botepronto, dos cosas parecen claras:
La primera, que la Fepade está haciendo su trabajo. Por primera vez desde que la crearon, esta Fiscalía parece desquitar el sueldo de sus funcionarios.
Y la segunda, que el número de delincuentes electorales es mucho mayor de lo que algunos quieren reconocer.
