En un contexto democrático, la participación ciudadana es un pilar fundamental para el fortalecimiento del tejido social y la mejora del entorno urbano. Sin embargo, cuando los mecanismos de representación vecinal carecen de reglas claras o supervisión institucional, pueden convertirse en espacios opacos donde intereses personales se anteponen al bien común.
En el Estado de México, coexisten dos figuras distintas de representación vecinal: los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) y las asociaciones de vecinos. Aunque ambas comparten el propósito de representar los intereses de las comunidades ante autoridades municipales y estatales, existen diferencias significativas en cuanto a su naturaleza, regulación y mecanismos de rendición de cuentas.
Los COPACI son órganos auxiliares de las autoridades municipales, establecidos por ley y regulados por los respectivos Bandos Municipales. Su integración responde a procesos electorales abiertos a la comunidad, sus atribuciones están definidas en la normativa local y sus actividades están sujetas a supervisión institucional. En teoría, esto les confiere legitimidad democrática y una mayor capacidad de interlocución con las autoridades.
Por otro lado, las asociaciones vecinales, aunque también surgen con la intención de mejorar la calidad de vida de los residentes, no están sujetas a un marco normativo uniforme. En muchos casos, operan como entes privados con personalidad jurídica propia —cuando llegan a formalizarse— o, en su defecto, como agrupaciones informales. Esta falta de regulación abre la puerta a posibles distorsiones en su funcionamiento.
Un ejemplo ilustrativo de los riesgos asociados a este vacío normativo se encuentra en la Sexta Sección de Lomas Verdes, donde la mesa directiva de la asociación de vecinos ha mantenido una relación conflictiva con los propietarios de la zona. Desde hace años, no se han presentado reportes financieros claros, lo que ha generado incertidumbre sobre el destino de las cuotas de mantenimiento. Además, los miembros de esta asociación se han reelegido de manera recurrente o han designado a personas cercanas para perpetuar su control, ignorando las inquietudes de los vecinos.
Los residentes de esta comunidad han denunciado la falta de transparencia en la administración de los recursos y han expresado su preocupación por pagos a proveedores, como el de un abogado, que consideran excesivos o innecesarios, los cuales, según ellos, no han sido aprobados en asambleas vecinales. A pesar de sus demandas, la asociación ha hecho caso omiso de sus reclamos, generando un ambiente de tensión y desconfianza.
Casos como este evidencian la necesidad de repensar el marco legal que rige las organizaciones vecinales. Si bien es importante preservar su autonomía, también lo es garantizar mecanismos mínimos de transparencia, elección democrática y rendición de cuentas. De lo contrario, se corre el riesgo de que estas agrupaciones —creadas originalmente para representar a la comunidad— terminen siendo controladas por pequeños grupos con intereses ajenos a los de sus vecinos.
Impulsar una reforma legal que establezca criterios claros para el funcionamiento de las asociaciones vecinales en el Estado de México, inspirándose en los principios de los COPACI pero respetando su naturaleza autónoma, puede ser un primer paso para devolverles legitimidad y garantizar que efectivamente cumplan su rol social.
