Si bien las imágenes dejan poco lugar a dudas, la pregunta de si lo que sucede en Palestina es genocidio es objeto de un intenso escrutinio y un profundo debate en la comunidad del derecho internacional. Además, es terriblemente pertinente: puesto que siempre se acusa a las leyes de ir por detrás de la realidad. No existe una respuesta unánime, y las opiniones de los principales expertos y organismos internacionales son diversas, aunque con puntos de convergencia en la preocupación por la situación humanitaria.
La definición legal de genocidio es estricta, requiriendo la comisión de actos específicos (matanza, daño grave, condiciones de vida destructivas, prevención de nacimientos, traslado forzoso de niños) con la crucial “intención especial” (lo que llaman dolus specialis) de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Este elemento de la intención es el más difícil de probar y es el punto central de la divergencia de opiniones. ¿Tiene Israel intenciones de borrar de la faz de la tierra a todo el pueblo palestino? Veamos.
Por un lado, la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y organizaciones como Amnistía Internacional, han concluido que existen “motivos razonables” o “base suficiente” para creer que se está cometiendo genocidio en Gaza. Sus argumentos se basan en el elevado número de víctimas inocentes y vulnerables -incluyendo una alta proporción de mujeres y niños-, la destrucción masiva de infraestructuras, la imposición de condiciones de vida inhumanas (como el hambre y la privación de ayuda), la alegación de medidas para impedir nacimientos, y una retórica deshumanizadora por parte de funcionarios israelíes que, según afirman, demuestra la intención genocida. La demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se alinea con esta perspectiva, presentando pruebas detalladas de actos y declaraciones que, en su opinión, cumplen los requisitos del genocidio.
Por otro lado, Israel y los académicos que apoyan su postura rechazan enérgicamente estas acusaciones, calificándolas de infundadas. Argumentan que sus operaciones militares son actos legítimos de autodefensa contra Hamás tras los ataques del 7 de octubre, y que su objetivo es desmantelar a Hamás, no destruir al pueblo palestino. Hamás es un grupo terrorista que lleva en sus postulados la destrucción de Israel. El debate, entonces, también está centrado en el reconocimiento del propio estado judío. Así, Israel sostiene que el daño a civiles, aunque trágico, es una consecuencia inevitable del conflicto, y que las declaraciones de sus funcionarios han sido sacadas de contexto, no constituyendo prueba de intención genocida. ¿Los discursos de la élite política israelí son intencionados -es decir, sustentados en planes de exterminio- o nada más horrendos ejercicios de retórica para contentar a los grupos extremistas que sostienen al gobierno?
La CIJ, en sus órdenes de medidas provisionales, ha determinado que las alegaciones de genocidio son “plausibles”. Esto significa que la Corte considera que las acusaciones son lo suficientemente serias como para justificar una investigación a fondo y la imposición de medidas para prevenir actos que podrían ser genocidas. Acto seguido se ha generado un debate sobre si la Corte es o no antisemita (lo cual abre un debate interesante desde el punto de vista histórico y de tolerancia: ¿los descendientes de las víctimas pueden ser acusados de crimines o no?). Sin embargo, esta plausibilidad no es un juicio definitivo sobre la comisión de genocidio.
La CIJ ha exigido a Israel que tome medidas para prevenir actos genocidas, garantizar la ayuda humanitaria a gran escala y preservar pruebas. Sobra decir que eso a caído en saco roto: la orden específica sobre Rafah de mayo de 2024, que exige a Israel detener cualquier acción que pueda infligir condiciones de vida que acarrearan la destrucción física del grupo palestino, no se ha cumplido. Por el contrario, el tiempo desde entonces subraya la gravedad de la situación humanitaria y el riesgo percibido. ¿Cuánto sufrimiento es necesario?
A día, de hoy, la CIJ ha girado órdenes de arresto contra líderes de Hamás y altos funcionarios israelíes por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo el uso de la inanición como arma de guerra. Sin embargo, no se ha imputado genocidio en esta etapa, lo que reitera la dificultad de probar el dolus specialis para este crimen específico, incluso cuando ya se reconocen crímenes graves contra la Humanidad.
Parte del debate, también está en la propia autoridad. Israel no es parte del Estatuto de Roma (China, India y los Estados Unidos tampoco lo son), por lo tanto, lo que diga la CIJ, carece de relevancia en la política interna. ¿Qué debería suceder, entonces, con el entramado jurídico internacional? ¿Vivimos en la ley de la selva? ¿Quién protege, pues, al más débil?
Para saber más:
South Africa’s genocide case against Israel: The International Court of Justice explained, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.chathamhouse.org/2024/01/south-africas-genocide-case-against-israel-international-court-justice-explained
Hamas’ October 7th Genocide: Legal Analysis and the Weaponisation of Reverse Accusations – A Study in Modern Genocide Recognition and Denial | Israel Law Review, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.cambridge.org/core/journals/israel-law-review/article/hamas-october-7th-genocide-legal-analysis-and-the-weaponisation-of-reverse-accusations-a-study-in-modern-genocide-recognition-and-denial/322198E636341BE82F37ED7147FEB0F5
From economy of occupation to economy of genocide – (A/HRC/59/23) Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 (Advance unedited version) – Question of Palestine – the United Nations, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.un.org/unispal/document/a-hrc-59-23-from-economy-of-occupation-to-economy-of-genocide-report-special-rapporteur-francesca-albanese-palestine-2025/
