El presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy más que nunca se encuentra a la defensiva, en la actualidad su control político es incuestionable, lo que él piense y mande es lo que en realidad se hace. Si él dice que alguien es corrupto, lo es y se le “investiga”. Pero sobre todo si lo atacan o lo señalan, es seguro que habrá castigo.
Estos últimos días hemos sido testigos de aquellos personajes que han sido víctimas del actual presidente López Obrador por el simple hecho de cuestionar las decisiones de su gobierno.
Está el reciente caso de Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a quien AMLO señaló tener “conflicto de intereses”, cuando días antes, Alcocer opinó sobre las ternas enviadas por el tabasqueño diciendo que los perfiles no eran los adecuados pues “dejarían en desventaja al sector energético”.
En respuesta, el presidente López Obrador, en conferencia mañanera, refrendó su apoyo a las ternas y declaró que el presidente de la CRE afirmaba que estaban mal “y como tengo derecho de réplica pues salgo a decir que el señor tiene conflicto de interés, el presidente de la comisión reguladora de energía y el lunes vamos a dar a conocer las pruebas de su conflicto de interés”.
¿Quiénes han cuestionado al presidente y, por ende, éste se ha vengado?
Otra de las víctimas fue Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien denunció que Banco Azteca no es la mejor opción como institución financiera que distribuya los apoyos sociales.
Y aunque en este caso no fue el contraataque hecho por López Obrador, sino por Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, éste demandó a la funcionaria ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por “prejuzgar” el papel de dicha entidad financiera en la dispersión de los programas sociales.
Otro caso parecido se dio con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, quien luego de avalar el triunfo de la panista Martha Erika Alonso como gobernadora en Puebla, se le exigió su renuncia “por causar una fractura al interior del organismo”, según el magistrado José Luis Vargas.
Logrando su objetivo, Janine Otálora renunció a la presidencia del Tribunal el 23 de enero pasado con el objetivo de “facilitar la transición” en la institución, así lo señaló en su cuenta de Twitter.
Asimismo, cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y junto con el empresario José María Rioboó, intentó clasificar como reservados los contratos relativos respecto con la información del segundo piso del Periférico, la excomisionada del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Elena Pérez-Jaén Zermeño, señaló que López Obrador ocultó información sobre dicha obra, la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa Local — por órdenes de AMLO– se encargó de destituirla.
Pérez-Jaén Zermeño tuvo que recurrir a la Suprema Corte y le ganó la batalla legal a AMLO, dado que el Poder Judicial ordenó su reincorporación al frente del instituto de transparencia capitalino.
