En febrero de 2013 un grupo de pobladores de las comunidades de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, en Michoacán, se levantaron en armas para protegerse de los crímenes, abusos, secuestros, extorsiones y cobros de cuotas llevados a cabo por el cártel de Los Caballeros Templarios, que operaba en la región. En las semanas y meses siguientes, este fenómeno se extendió a otras poblaciones y municipios del país: estalló así el conflicto de las autodefensas.
En aquel momento, muchos advirtieron el peligro de que grupos de civiles armados suplantaran funciones del estado y se encargaran por su propia mano de la justicia y la seguridad. Incluso, hubo quienes vieron en las autodefensas un caldo de cultivo para la delincuencia.
Casi cuatro años después, este pronóstico parece haberse confirmado.
Este jueves, fuerzas federales detuvieron a dos civiles que viajaban en un vehículo en el que transportaban armas de alto calibre: un fusil automático AK-47 —también conocido como “cuerno de chivo”— con seis cargadores y 143 cartuchos, así como una pistola escuadra abastecida con cargador y proyectiles.
Los sujetos, quienes afirmaron ser miembros de la “Fuerza Rural” —es decir, antiguos autodefensas— fueron detenidos y llevados las instalaciones de la PGR en Uruapan, donde se dio a conocer que uno de ellos tenía pendiente una orden de aprehensión por el delito de secuestro.
Horas después, otros 10 integrantes de la Fuerza Rural fueron detenidos al enfrentarse con la policía estatal cuando intentaron “rescatar” a sus compañeros.
Asimismo, este viernes exautodefensas armados y comuneros de Cheranguerán establecieron bloqueos carreteros en distintos accesos a Uruapan como medida de presión para exigir la liberación de sus compañeros.
Pero, ¿No que ya no existían las autodefensas?
En 2014, el Gobierno Federal envió a Michoacán al comisionado Alfredo Castillo —hoy titular de Conade— con el fin de solucionar la crisis de seguridad en Michoacán. Castillo intentó institucionalizar a las autodefensas, al registrar sus armas y crear las llamadas Fuerzas Rurales, en las que los miembros de las autodefensas trabajaban en coordinación —y “bajo el control”— de las autoridades.
Más tarde, en febrero este año, el gobernador Silvano Aureoles “disolvió” de manera definitiva las Fuerzas Rurales, y con ello, las autodefensas. Afirmó que la tarea de la seguridad volvería a ser facultad exclusiva del gobierno del estado y que los civiles que quisieran participar de dicha labor deberían aprobar los controles para integrarse a la policía estatal y desempeñarse dentro del marco de la ley y las instituciones.
Sin embargo, las autodefensas nunca se fueron. Varios ciudadanos michoacanos han denunciado que aquellos miembros de autodefensas que no aprobaron los controles para integrarse a la policía estatal aún se ostentan como miembros de las Fuerzas Rurales y aprovechan esta figura para cometer delitos.
Así, el movimiento que inició para defenderse del crimen se convirtió precisamente en un grupo criminal, o así parecen confirmarlo los acontecimientos de este jueves y viernes.
