En medio de una ola de críticas, descontento entre organizaciones, y un muy citado artículo del periódico New York Times, la Ley de Propaganda Gubernamental, mejor conocida como “ley chayote”, fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 11 de mayo.
La citada ley causó diversos enfrentamientos entre los partidos y organizaciones no gubernamentales, quienes acusaban que la nueva normativa no instala los mecanismos necesarios para evitar la compra de la línea editorial de los diferentes medios de comunicación.
En diciembre de 2017, el periódico New York Times, publicó un reportaje a cargo de Azam Ahmed, en el que aseguraba que el gobierno de Peña Nieto gasta miles de millones de dólares en publicidad, creando lo que muchos dueños de medios, ejecutivos y periodistas llaman “una gigantesca marca presidencial”, capaz de suprimir artículos de investigación, determinar portadas e intimidar a las salas de redacción que lo desafían.
Sin embargo la compra-venta de espacios publicitarios en medios para gobiernos no es una práctica nueva, ni exclusiva de la administración federal. Gobiernos estatales también suelen comprar propaganda en prensa.
Además, las críticas ante la llamada “Ley Chayote” en México contrastan con el silencio de los partidos políticos respecto a lo que ocurre en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro monopoliza la producción de papel para periódicos a fin de controlar a la prensa.
Esta semana, se reveló que Maduro ofreció insumos (papel y divisas) a los medios de comunicación con tal de que sean portavoces de su política económica. En cambio, no hay papel para los medios críticos.
Tan sólo en 2017, el gobierno de Nicolás Maduro cerró al menos 49 medios de comunicación, –de las cuales 46 son emisoras, y 3 son canales de televisión– quienes denunciaron el cese definitivo de sus actividades por “la no renovación de las concesiones por parte del gobierno”.
