En los últimos seis meses, ha habido diversas expresiones y posiciones sobre la forma en que la democracia mexicana debe funcionar.
Hay unos acuerdos tácitos: el principio de la mayoría debe prevalecer, se deben mejorar ciertos procesos que eviten despilfarro, las normas deben respetarse. Donde se han establecido diferencias, que nos llevan a considerar, dos tendencias enfrentadas sobre nuestra democracia; una, que caracteriza la posición gubernamental y se expresa en la iniciativa de reforma político electoral impulsada por el presidente, el gobierno y el partido en el poder, con diversas variantes que se han denominado iniciativa legislativa y los varios planes de acción, y otra, que denominamos la posición social, defendida por quienes organizan y mantienen los procesos electorales, las autoridades del INE y el TEPJF y respaldados por grupos amplios de la sociedad, partidos de oposición, académicos y algunos ministros de la SCJN.
Ambas propuestas, la gubernamental y la social, paulatinamente se fueron mostrando ante la opinión pública, desde la intención gubernamental de controlar de diversas formas al INE y al TEPJ, desde el austericidio hasta provocar una quema vil e inusitada en el zócalo de quienes se oponen y así, pretender controlar los procesos de elección y la democracia misma, hasta denostar y confrontar a quienes representan y apoyan a estas instituciones y, por otro lado, una defensa social, que fue aclarando el proyecto gubernamental y señalando las posibles violaciones constitucionales o jurídicas y el impacto negativo que tendría en la democracia, a través de minimizar la organización electoral, disminuyendo sensiblemente personal y estructuras del INE, ya probadas en elecciones pasadas, afectando principios de certeza e imparcialidad que han dado confianza, estabilidad y certidumbre.
La negativa de aprobación y menos aún de aceptación, se mostró en marchas de la sociedad en defensa de la democracia y sus instituciones y, también en contramarchas impulsadas por el gobierno; las controversias constitucionales no se hicieron esperar.
La actual situación está en la elección de cuatro nuevos consejeros y en la decisión que asuma la SCJN.
La reinstalación del Secretario del INE, Edmundo Jacobo, así como el término de la responsabilidad de los consejeros presidente Lorenzo Córdova y de Ciro Murayama y el proceso de sustitución, que ha mostrado algunas imparcialidades y dificultades constitucionales en quienes participan, así como la admisión de la controversia y la suspensión de la aplicación del Plan B, por parte del ministro Javier Laynez, no ha mostrado un posible buen término de la propuesta gubernamental.
La posibilidad de que el INE se mantenga con sus estructuras y procesos actuales y sea desechada la propuesta del Plan B, estaría quizás viciada por la elección de los nuevos consejeros electorales, incluyendo quien presida al INE, con una gran cercanía a la propuesta gubernamental.
Las decisiones que vendrán en los próximos días, no son solo los reemplazos de consejeros o incluso la anulación del Plan B, tienen que ver con la manera en que deseamos que se materialice la democracia mexicana.
Los alcances y límites de todo este proceso de discusión, de reforma y de concreción de los dos proyectos, nos coloca en la ruta de la sucesión presidencial, la que queremos se realice en paz, estabilidad, seguridad y plena democracia.
Se juega el Estado de Derecho, constitucional y democrático, que los mexicanos nos hemos dado y que queremos.
