Definitivamente la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en avalar la propuesta de la consulta popular para investigar y en su caso sancionar la presunta comisión de delitos por parte de ciertos expresidentes se ha erigido como un golpe al equilibrio de poderes y cuestiona severamente la legitimidad de dicho tribunal.
Y es que con una decisión tan polémica y extremadamente dividida, lo único que demostró la Corte es estar bajo las órdenes del poder Ejecutivo, es decir, la Corte le entregó a Andrés Manuel López Obrador el poder absoluto y se está destruyendo así misma.
Pero como bien señala el periodista Ricardo Alemán en el Itinerario Político de este lunes, “el verdadero problema y el asunto de fondo, es que el jefe del Ejecutivo, el presidente Obrador, ya domesticó a una mayoría de ministros del Tribunal Supremo y, por tanto, no servirá de nada que se haga una consulta para juzgar al pasado, cuando en realidad el presidente perseguirá hoy, en el presente, a quien le plazca, con el aval de la Corte”.
Cabe mencionar que tal vez por ahora ayudó a evitar un choque inmediato entre el Ejecutivo y el Judicial, pero a mediano y largo plazo abre la puerta para que el conflicto político persista y escale. Y es con dicho cambio de pregunta, la cual está mal formulada, posibilita juzgar hechos del pasado, lo cual parece impecable, si en un milagroso caso también se incluiría al actual gobierno.
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- ¿Se imaginan qué pasaría con una consulta para llevar a juicio a ministros de la Corte por guardar silencio de complicidad cuando Obrador difamó y calumnió al ministro Eduardo Medina Mora, para despedirlo de manera inconstitucional?
Desde el 3 de octubre de hace un año, en un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994, el ministro Eduardo Medina Mora fue obligado a renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por razones, que hasta el día de hoy después de un año, nadie conoce; y por que que está claro que fue obligado por el propio presidente a dimitir, pero nunca se respetó la ley, lo que es violación a la División de Poderes, pilar constitucional del Estado mexicano.
- Además, ¿qué tal si hubiera una consulta para saber qué recibieron a cambio los ministros, Arturo Saldívar Lelo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero, entre otros, para dejar en libertad a la secuestradora Florence Cassez, quien cumplía una condena por 60 años?
En la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 23 de enero del 2013, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero presentó a votación un proyecto para otorgar el recurso de amparo federal a la ciudadana francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión en México por secuestro.
El proyecto a la ministra Sánchez obtuvo tres votos a favor y dos en contra, lo que permitió que Cassez quedara en libertad por violaciones en el proceso judicial en su contra.
Fue así como con los votos de Zaldívar, Sánchez Cordero, y el nuevo ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, se le concedió el amparo a Cassez.
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- ¿Y que tal si se consultará a la dizque izquierda, para indagar quien pagó la exoneración de Mario Marín, motejado como “góber precioso”, liberado gracias a ministros como Olga Sánchez Cordero y otros ya fallecidos?
La Suprema Corte determinó que no hay evidencias de conspiración en contra de Lydia Cacho; la periodista acusó a Marín y a otros altos funcionarios de abuso de poder y violar sus derecho.
En votación de seis a cuatro los magistrados determinaron el jueves que no hubo ilegalidad por parte del gobernador del estado central de Puebla, Mario Marín, a quien se le imputaba haber conspirado junto a otros 29 funcionarios y ex servidores públicos para atentar contra las garantías de la periodista Lydia Cacho.
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La entonces ministra Olga Sánchez consideró que la acción penal por difamación contra la periodista se desarrolló en términos legales y reconoció que la reportera fue sometida a ”tortura psicológica” durante su arresto en diciembre del 2005 en el balneario turístico de Cancún y su traslado vía terrestre a Puebla, pero dijo que se trató de una afectación menor, remediable con otros recursos jurídicos.
Aunque sabemos que esto sería lo más justo, se sabe que se trata de un virtuoso engaño, pues aunque parece haber triunfado la Justicia, la realidad es que ganó la Política, la dictadura y el fraude.
AIS
