La consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto y que no es para preguntar si se investiga específicamente a los ex presidentes, se hará en condiciones de tal austeridad, que la boleta se imprimirá casi en papel de estraza.
Ante la escasez de recursos, las boletas se imprimirán en papel reciclado común y corriente y no contendrán los candados de seguridad que regularmente tienen las que se usan para las elecciones, como la que tuvo lugar el pasado 6 de junio.
El INE prevé instalar únicamente 57 mil casillas, lo que representa apenas el 35 por ciento de las 165 mil que se utilizaron en la pasada jornada electoral.
¿Qué tan austera será?
En cada una de esas casillas, que oficialmente se llamarán “mesas receptoras de opinión”, se podrá recibir la opinión de hasta dos mil personas en promedio, cuando en las casillas de la pasada jornada electoral sólo podía votar un máximo de 750.
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Solo habrá tres funcionarios en cada mesa: un presidente, un secretario y un escrutador, los cuales serán reclutados a través de una invitación que el INE hará a los ciudadanos que colaboraron en la pasada jornada electoral.
Por falta de recursos no habrá Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ni conteo rápido, por lo que los resultados de la consulta serán dados a conocer el mismo 1 de agosto por la noche, con base exclusivamente en los conteos distritales.
El INE prevé reutilizar materiales usados en los comicios del pasado 6 de junio, como mamparas, tinta indeleble, bolígrafos, productos desinfectantes y urnas, las cuales conservarán los logotipos alusivos a dichos comicios.
La campaña de difusión que el INE está obligado a hacer también será muy austera, y se realizará exclusivamente del 15 de julio al 1 de agosto mediante spots de producción sencilla que serán transmitidos fundamentalmente en los tiempos del Estado a que tiene derecho el Instituto.
Los costos
Para realizar la consulta de manera adecuada, el INE había solicitado una partida adicional de mil 500 millones de pesos, misma que le fue negada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.
El Instituto ajustó su petición a bajó su petición a 890 millones de pesos, lo cual también negado, por lo que la consulta se hará únicamente con 522 millones 730 mil 235 pesos, es decir, la tercera parte de lo previsto originalmente.
Poco más de 500 millones de pesos costará una consulta inútil y engañosa, pues no se le consultará a la población si está de acuerdo en que se investigue solo a ex presidentes, sino a “políticos” en general.
Y para que el resultado de ese ejercicio sea vinculante se requiere la participación de al menos el 40 por ciento del padrón electoral, es decir, 37 millones 411 mil 389 ciudadanos, lo que se antoja difícil.
