En la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, todo aquellos funcionarios que renunciaron y se beneficiaron de una indemnización no podrán ser contratados para un cargo público hasta dentro de un año, a menos que regresen el dinero indemnizado.
Lo anterior fue anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dirige Carlos Urzúa, la dependencia emitió una serie de criterios en materia de personal, en los que prohíbe la contratación de plazas permanentes, eventuales y servicios profesionales de honorarios a todas las dependencias.
“En observancia a los principios de legalidad, honestidad y transparencia en el ejercicio del gasto público federal, los servidores públicos que hayan sido beneficiados con el pago de una indemnización por la terminación de su relación laboral no podrán ser contratados nuevamente por un periodo de 12 meses.
“La prohibición señalada no será aplicable en caso de que el servidor público beneficiado reembolse íntegramente al ejecutor de gasto correspondiente el monto de la indemnización laboral que haya recibido”, detalla.
El oficio, fechado el 7 de diciembre, señala que se deberá informar sobre estas medidas en materia de personal a los órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales.
Con información de Reforma
