Esta tarde, la bancada de Morena busca aprobar vía fast track una reforma con la que quiere desaparecer al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
De acuerdo con la propuesta, el extinguir esta institución, que fue creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitirá, según ellos, “fortalecer” a todo el sistema y que el IMSS-Bienestar concentre tareas y guíe la universalización de servicios médicos.
Sin embargo, los partidos de oposición criticaron esta decisión al considerar que el Insabi es un “rotundo fracaso” debido a los pocos resultados que ha dado.
Para demostrar que este instituto del mandatario tabasqueño no sirve para nada y que está llena de corrupción, tenemos que en el 2021 se dejaron de ejercer más de 15 mil 498 millones de pesos en medicamentos y atenciones médicas a habitantes sin seguridad social laboral, por diferentes inconsistencias detectadas en el Insabi, así como en el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la posible corrupción detectada, incluye el subejercicio de recursos, pagos y prestaciones laborales sin justificar, así como compra de medicamentos a sobrecosto o pago a proveedores sin justificar.
En la revisión al “Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013)” de la ASF, la falta de recursos equivale una reducción del 24.6% del total de los fondos que se tenía presupuestados.
“Como resultado de lo anterior, las entidades federativas dejaron de ejercer los recursos destinados para la atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral por 15,498.4 millones de pesos de los 63,086.7 millones de pesos que debieron recibir por Ley, que representa el 24.6%”, se lee en el informe.
Al fiscalizar los más de 63 mil millones de pesos que se destinaron en 2021 para el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013), los auditores detectaron la falta de documentación para comprobar 711 millones de pesos que tenían que ser entregados a los gobiernos estatales.
“La principal irregularidad detectada en la revisión del programa U013, fue la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 711.3 millones de pesos, la cual representó el 43.9% del monto total por aclarar. Dicha irregularidad fue determinada en 7 de las 32 entidades federativas; cabe resaltar que 402.2 millones de pesos corresponden a pagos realizados en el capítulo 1000 (servicios personales) sin la acreditación correspondiente de la erogación de los recursos”, señalaron.
Una segunda inconsistencia son los pagos por más de 182 millones de pesos en supuestos sueldos o prestaciones a empleados.
“En 4 entidades se realizaron pagos excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados por 182.1 millones de pesos, monto que representó el 11.2% del monto total por aclarar”, apuntaron.
Además, se efectuaron transferencias bancarias por más de 443 millones de pesos sin que se tenga certeza del destino, así como en qué se utilizaron los recursos públicos que se destinaron para la implementación del programa.
“Se realizaron transferencias de recursos del programa U013 a otras cuentas bancarias sin acreditar la trazabilidad que demuestre el destino final del gasto en los objetivos del programa por 443.0 millones, que representó el 27.3% del monto total por aclarar”, indicaron.
Los auditores también detectaron la falta de reintegros a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por más de 83 millones de pesos.
“Los recursos o rendimientos financieros no devengados ni pagados, sin ser reintegrados a la TESOFE fue la cuarta observación más representativa por un monto de 83.3 millones de pesos, que representó el 5.1% del monto total por aclarar”, apuntaron.
En la auditoría se enlista al Insabi, dependencia que no ha aclarado 98 millones de pesos que supuestamente utilizó en la compra de bienes, así como siete millones en medicamentos a sobreprecio.
“Se emitió una solicitud de aclaración al INSABI por 98.4 millones por no acreditar la entrega de bienes en especie a las entidades federativas; asimismo, se le observó un monto por 7.3 millones por adquirir medicamentos con un precio superior al contenido en el Listado de Precios de Referencia establecido por la SHCP”, expresaron.
Otra de las inconsistencias es la transferencia que recibió el Fondo de Salud para el Bienestar por cinco mil millones de pesos, sin que hasta el momento se detalle el motivo.
“Se transfirieron recursos del programa U013 al FONSABI por 16,703.5 millones de pesos, debiendo ser 11,680.0 millones, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud. Como resultado de lo anterior, se transfirieron en exceso 5,023.5 millones, dejando de suministrarlos a las entidades federativas. El monto total que el INSABI debió transferir a las entidades federativas es de 63,086.7 millones”.
La lista de presuntos actos de corrupción es el pago de más de 3 millones 939 mil pesos a diversos proveedores sin que a la fecha de la auditoría se haya acreditado la entrega total de los bienes a las entidades federativas.
“Asimismo, de la diferencia por 8,997.0 millones, mediante adecuaciones presupuestarias y sin fundamento, el INSABI transfirió recursos a la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos Públicos (FONSABI) por 6,232.3 millones, dejando de suministrarlos a las entidades federativas para la compra de medicamentos; y de los restantes 2,764.7 millones de pesos, efectuó el traspaso al Ramo General 23, por considerarlos como economías, aún y cuando estos recursos corresponden por Ley a las entidades federativas”.
Con información de Animal Político y La Silla Rota
MSA
