Los ataques y descalificaciones directas a los organismos autónomos del Estado, en definitiva, ponen en riesgo a la democracia en el país, porque una persona está definiendo lo que le compete a las instituciones, a la ley y sobre todo, su decisión es la única que importa y está por encima de todos los mexicanos.
La Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, desde que comenzó su gobierno no ha dejado de amenazar y atacar a diestra y siniestra a distintas instituciones independientes, y ha iniciado una especie de cacería contra éstas.
En definitiva, la amenaza crece conforme se diluye la división de poderes esenciales en un estado democrático, que en este momento enfrenta ataques a los organismos autónomos.
Por lo que integrantes de la sociedad civil, académicos y periodistas, han salido en defensa de estos organismos, como fue en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo constitucional autónomo, que cumple con su mandato constitucional como instancia independiente en la protección y promoción de los derechos humanos de los mexicanos.
Sin embargo, López Obrador, la descalificó y atacó, al señalar que no tenía autoridad moral y era el principal violador de los derechos humanos, esto tras una recomendación del organismo sobre la cancelación de las estancias infantiles.
López Obrador considera a estos organismos onerosos y captados por intereses políticos, sobre todo con los organismos dedicados a regular empresas de energía eléctrica y petróleo, a quienes califica como instancias de “gran farsa” que engañó al pueblo de México.
Guillermo García Alcocer, ex titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el organismo autónomo que vigila el funcionamiento de este mercado, fue acusado por parte del tabasqueño, de tener un “conflicto de interés”, tras realizar una serie de críticas a los candidatos presentados por López para ocupar las vacantes en el Consejo de Gobierno del organismo.
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De igual forma, tras criticar las decisiones presidenciales, Gonzalo Hernández Licona fue despedido del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), institución autónoma encargada de evaluar las políticas sociales y realizar las mediciones de pobreza, fundamentalmente.
Licona explicó que se resistió en aplicar las órdenes de Presidencia y Hacienda de reducir la estructura del Consejo y generar ahorros, ésto más las críticas que lanzó a las políticas de austeridad, pudieron ser la razón para que lo retiraran del cargo.
Sin duda, con todos estos casos, queda confirmado que el presidente sí le gusta la venganza, aunque él lo niegue, pero eso sí, sólo con aquellos que no concuerdan con su postura y piensan de manera diferente.
Aunque sin duda el hartazgo ha ido creciendo hasta con los suyos, tal es el caso de Carlos Urzúa, quien renunció a la Secretaría de Hacienda, al ya no poder seguir solapando las mentiras y chantajes del presidente. Con esto, que no quede duda que habrá más rendidos de la 4T, después de las 14 bajas de funcionarios de nivel medio y alto en sus primeros siete meses de gobierno.
