Representantes de los Poderes Judiciales a nivel local coinciden en que se requiere una reforma en materia judicial, sin embargo, aclararon que no en los términos que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteó que jueces, ministros y magistrados sean electos por medio del voto popular.
Durante uno de los foros de discusión de esta iniciativa del mandatario tabasqueño que se realizó en Puebla, los participantes dejaron en claro que no se oponen a mejorar y perfeccionar las instituciones de justicia a nivel federal y estatal, sino a elementos que son centrales en la propuesta presidencial y que pueden generar más problemas de los que se busca resolver.
Ante ello, hicieron propuestas de ajuste a lo propuesto por el Ejecutivo Federal, al señalar que la elección de juzgadores en las urnas y las afectaciones a la carrera judicial, no son la respuesta adecuada.
Piden una sustitución paulatina de los juzgadores
El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), coincidió en que se requiere una judicatura moderna, austera y que cumpla sus funciones adecuadamente.
Enfatizó que los cambios en análisis se tienen que impulsar en conjunto, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, indicó.
Admitió que la historia ha alcanzado a los juzgadores en todo el país y nadie se puede quedar atrás ante la decisión del “pueblo”.
Recordó que la justicia local atiende el 70 por ciento de los asuntos a nivel nacional, con menores recursos del Poder Judicial Federal, que trata el 30 por ciento de los casos.
“Los juzgadores quieren abonar a que la reforma sea eficaz en los hechos y por eso proponen una elección gradual de los integrantes de los poderes judiciales”, anotó.
Comentó que la sustitución de los juzgadores no debe realizarse “de golpe”, como indica la iniciativa presidencial, sino paulatina y conforme se van desocupando las plazas por fin del encargo, renuncia, muerte y otras causas; aunado a que el número de “aspirantes” por vacante debería ser de 3 y no 6.
“Que haya paridad en las ternas de aspirantes, que al menos la mitad tengan carrera judicial y los juzgadores electos sean capacitados antes de asumir el cargo”, comentó.
Y agregó: “Certeza y seguridad para todos los juzgadores en funciones que quieran participar; que los competidores no electos puedan reintegrarse a sus cargos para terminarlos; que participantes en la elección no pierdan su plaza y éstas no sean renovadas ni puestas a concurso, hasta que terminen los encargos”.
En tanto, los Tribunales de Justicia locales se comprometen a coordinarse con el Ejecutivo para la adecuada implementación de la reforma, con la austeridad, el combate a la corrupción, con la política de cero impunidad y a combatir el nepotismo.
Ofrecen modernizar justicia local digitalizando procesos, acatar el nuevo Código en materia civil y familiar, capacitar a los jueces, emitir decisiones imparciales, honestas con rigor intelectual y con nivel técnico.
También, actuarán con responsabilidad social, atenderán al pueblo en jornadas judiciales en las localidades, podrían presentar informes dirigidos al pueblo, aunado a que habrá áreas de atención ciudadana.
“Elección de juzgadores por voto popular agravará problemas”
Por su parte, José Eduardo Hernández Sánchez, presidente del Consejo de la Judicatura en Puebla, consideró que los cambios permitirán mejorar la actuación de los tribunales locales, pero pidió no olvidar el “pacto federal”.
La magistrada Rebeca Aladro Echeverría Cheverría, presidenta Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, indicó que los Poderes Judiciales sólidos son la columna vertebral de cualquier democracia.
“Sin sistemas judiciales fortalecidos, la justicia y los derechos de la ciudadanía estarán en riesgo. Los mecanismos de disciplina judicial propuestos no pueden llegar al extremo de afectar la independencia del Poder en cuestión ni sus integrantes”, externó.
El magistrado de circuito y visitador judicial A, del Consejo de la Judicatura Federal, José Faustino Arango, señaló que debe haber reforma, pero algunos de los ejes centrales propuestos por el Presidente, son riesgosos.
“Los juzgadores no están cerrados a reformarse ni a adaptarse a cambios sociales, pero es necesario ajustar los “cómos” de la iniciativa”, subrayó.
Y agregó: “Los cambios legales deben incluir a las policías y fiscalías locales, ya que el 80 por ciento de sus actuaciones terminan en análisis en los tribunales locales, que son el primer punto de contacto de la ciudadanía con la justicia”.
Criticó la propuesta de que juzgadores sean electos por medio del voto ciudadano ya que ello no resolverá los problemas existentes sino que los agravará, aunado a que se afectará la calidad de la justicia y la independencia de los juzgadores.
“Las prisas “no son buenas consejeras” y la reforma debe avanzar, sin que su intención sea politizar la justicia”, dijo.
A su vez, Humberto Arróniz Meza, magistrado de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, planteó que los Poderes Judiciales a nivel federal y local deben ser autónomos, y no pueden ser sometidos a presiones externas incluso políticas, que los desvíen de su objetivo de impartir justicia.
“De nada serviría la reforma a nivel federal, si no se ajustan los poderes judiciales locales”, pero sin caer en el error de debilitarlos”, planteó.
Y añadió: “Reforzar los Poderes locales con el servicio de carrera y con medios alternativos de resolución de controversias, los cuáles permitirán que el ciudadano acceda a la justicia de manera más ágil”.
Con información de MVS Noticias
MSA
