Celina Quintero, jueza decimoséptima de Distrito en Materia Administrativa, emplazó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que convoque al Senado de la República a un periodo extraordinario de sesiones para que nombre a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y solucione de manera definitiva la inoperancia de este órgano autónomo.
Para ello, puso como límite tres días a la Comisión Permanente para hacer su llamado a la Cámara alta y que se designe a uno de los tres comisionados del Inai, cuyo nombramiento está pendiente.
“Requiérase a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente (Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia) para que, en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación que se le haga de este acuerdo, acredite de manera efectiva y sin evasivas que han dado cumplimiento a los extremos de la suspensión definitiva concedida en favor de la parte quejosa”, dijo.
La jueza federal recordó que había ordenado el 18 de mayo, a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, proponer candidatos y que la Comisión Permanente rechazó convocar al periodo extraordinario el 31 de mayo, por 20 votos contra 16.
“Remita el dictamen correspondiente por el cual se logre convocar a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias, con la finalidad de que se someta a su conocimiento la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), respecto de los candidatos al puesto de comisionado del INAI”, estableció en su nuevo resolutivo.
Quintero había ordenado desde el 18 de mayo a la Jucopo proponer candidatos, lo que fue acatado, pero la Comisión Permanente rechazó convocar al periodo extraordinario el 31 de mayo, por 20 votos contra 16.
En esa sesión, legisladores de Morena y sus aliados calificaron la orden de la jueza de “intromisión majadera”, la acusaron de querer “tronarle los dedos” al Congreso, y negaron que tenga facultades para obligarlos a un periodo extraordinario.
Ahora, se informó que, si no se acata el nuevo requerimiento, la jueza establecerá una multa de cinco mil 187 pesos a cada diputado y senador que integre la Primera Comisión de Trabajo, y aumentará gradualmente hasta llegar a 103 mil 740 pesos.
Estas sanciones serán por partida doble, ya que, en otro amparo por la vacante mas reciente en el INAI, también está pendiente acatar la orden para convocar a periodo extraordinario.
El desacato a una suspensión es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel y que toca perseguir a la Fiscalía General de la República, pero la jueza aún no denuncia el caso ante el Ministerio Público.
Con información de AM y La Razón
MSA
