Un juez federal ordenó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) entregar versiones públicas de los contratos vinculados al controvertido software de espionaje Pegasus durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
ASF revela mentiras de la Sedena
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) informó que la dependencia encabezada por Luis Cresencio Sandoval incumplió con la entrega de versiones públicas de los contratos de 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados con el software espía, tal como lo había ordenado una resolución definitiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De acuerdo con la ONG, Pegagus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido operado por el Centro Militar de Inteligencia en el gobierno del mandatario tabasqueño en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y hasta con servidores públicos.
Aunque la Sedena negó la existencia de los contratos, los documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mostraron que se efectuaron dos contratos adicionales para un servicio de monitoreo remoto de información por más de 140 millones de pesos.
Estos documentos coincidían con información filtrada por el Colectivo Guacamaya, revelando la mentira de la Secretaría.
Por ello, la institución castrense tuvo que reconocer la existencia de los contratos celebrados entre 2019 y 2020, aunque no entregó los mismos ante una solicitud de información y aunque interpuso una impugnación ante el INAI que también ordenó su entrega, no se entregaron los documentos.
“Ante la evidencia de que la Sedena mintió, en enero de 2023, el INAI resolvió revocar la respuesta que alegaba la inexistencia y ordenó la entrega de la información. A pesar de que dicha resolución es definitiva e inatacable y que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador había prometido que se entregaría toda la información, la Sedena se ha negado a cumplir la resolución y ha emprendido una campaña de sabotaje al Inai, impulsado su desaparición”, denunció la organización.
“4T y Sedena buscan mantener en la impunidad la corrupción y el espionaje ilegal”
Debido a esto, R3D presentó una demanda de amparo, que fue concedida en junio de 2024. En ella, el Juzgado reafirmó la obligatoriedad de las resoluciones del organismo garante y ordenó a la Defensa Nacional entregar los documentos sobre Pegasus.
“Este precedente demuestra la importancia de instituciones como el INAI y el Poder Judicial Federal. Aunque siempre perfectibles, permiten a la ciudadanía combatir el ejercicio autoritario del poder público, como es el espionaje ilegal perpetrado por las fuerzas armadas, el hostigamiento gubernamental hacia las víctimas y el encubrimiento y obstrucción de la justicia”, expusó la organización.
Ante este hecho, R3D acusó a la Sedena de haber “obstaculizado las investigaciones por el espionaje ilegal” perpetrado contra periodistas, medios de comunicación y activistas con su negativa para aportar información a las autoridades.
Asimismo, denunció que tanto la Sedena como el gobierno de López Obrador han pretendido mantener en la impunidad la corrupción y el espionaje ilegal con Pegasus.
“Desde R3D deseamos que el desacato militar a las resoluciones definitivas del INAI no se extienda a las resoluciones judiciales, lo cual reiteraría el peligro que representa la militarización de la vida pública para el gobierno civil y la democracia en México”, enfatizó la ONG.
COMUNICADO | Juez ordena a la SEDENA cumplir resolución del INAI que le obliga a entregar contratos de #Pegasus. https://t.co/JNBIJOSACd
— R3D (@R3Dmx) July 23, 2024
Con información de Latinus y El Economista
MSA
