Por orden del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, la Procuraduría General de la República (PGR), deberá reabrir el expediente de la masacre ocurrida hace 4 años en Tlatlaya, y sobre todo fincar las responsabilidades del caso, incluyendo la cadena de mando involucrada en la orden de abatir a delincuentes en horas de oscuridad.
Lo anterior en respuesta a un amparo otorgado a una de las de las sobrevivientes de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio de 2014, en los que un grupo de militares privó de la vida a 22 personas, entre las que se encontraban menores de edad, quienes según lo informado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya se habían sido sometidas cuando fueron asesinadas.
La sentencia, dictada el 25 de mayo de 2018, indica que las autoridades deben -de manera ininterrumpida y con celeridad- realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, así como, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal.
Al analizar el juicio de amparo 545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgiotia Novales reconoció que la investigación defectuosa de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.
La madre de una de las joven de 14 años fallecida en el operativo de Tlatlaya, interpuso la demanda de amparo contra la PGR, alegando que la investigación fue deficiente, violando su derecho a conocer la verdad de los hechos, puesto que la falta de la debida diligencia provocó que no se investigara a fondo tres puntos importantes en el caso: la ejecución extrajudicial, la orden de abatir criminales en horas de oscuridad, y el origen de esa orden.
Según lo ha detallado, la madrugada del 30 de junio, llegó a la bodega en donde ocurrieron los hechos, para tratar de rescatar a su hija, quien había sido llevada por la fuerza al lugar, por un presunto grupo de delincuentes.
Debido a la fallida investigación de la PGR, a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente. Además, no se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena.
