De acuerdo con el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal Gregorio Salazar Hernández los 244 millones de pesos que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) utilizó de 2014 a 2019 están amparados en la legalidad.
Con dicha determinación del juez, se aclaró que los 31 académicos, científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) operaron bajo las reglas previstas por la ley.
Tal resolución se dio después de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que se girarán 31 órdenes de aprehensión contra los científicos referidos, supuestamente por incurrir en el delito de delincuencia organizada. Algo totalmente desproporcionado.
Ante esta situación, el juez detalló que el FCCyT operó bajo las reglas previstas por la ley, y según su resolución, la cual surgió de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como de los numerales 22 y 24 del Estatuto Orgánico del Conacyt, no hay motivo para llevar a cabo tales órdenes de aprehensión en contra de los académicos.
“De esta manera, todos los hechos que invoca la fiscalía (General de la República) en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho foro y en el estatuto entonces vigente”, reza la resolución.
FGR seguirá con la persecución
Cabe señalar que la FGR decidió no apelar la decisión del juez federal; pero sí mantendrá abierta la indagatoria en su contra, misma que podría proceder en cualquier momento. Y aclaró que la resolución de Gregorio Salazar, no implica cerrar el caso de presunta corrupción.
Además, las autoridades judiciales señalaron que no existe un plazo límite para que el Ministerio Público resuelva si el caso se cierra o no. Aunado a que está en sus facultades el ejercer acción penal cuando así lo considere.
No obstante, ante cualquier solicitud que vuelva a realizarse en ese sentido, ya sea ante el mismo juez o ante otro, será revisada tal como ocurrió en estos casos previos.
Otro dato a destacar es que el impartidor de justicia únicamente analizó el tema referente al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y a partir de ello resolvió que se debe negar la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía.
Tras esta determinación, la FGR sí advirtió que apelará promoviendo todos los recursos necesarios para defender los intereses de la Federación frente a los delitos de carácter patrimonial.
Da la impresión de que la FGR quiere seguir, a como dé lugar, con la persecución contra científicos y académicos.
Con información de Infobae
JZ
