José María Martínez, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, es acusado de cobrar una pensión de casi 108 mil pesos mensuales que habría obtenido a través de un trámite irregular.
En ese sentido, “Chema” Martínez fue denunciado en 2021 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción local por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Pensiones del Estado. Asimismo, el caso fue judicializado, sin embargo, hasta el momento no ha quedado resuelto.
Cabe señalar que, la denuncia del OIC de Pensiones del Estado, la cual ha sido revivida durante este proceso electoral en el que José María es candidato, detalla que, en 2020, cuando tenía 49 años, recibió “una pensión ilegal de forma irregular e ilegal”.
Entre las irregularidades que detectó el Órgano Interno de Control es que José María Martínez recibió la pensión sin haber cumplido con los 20 años de cotización obligados por la ley, puesto que, solamente habría cotizado 19 años y siete meses.
Es importante destacar que, para acceder a la pensión tuvo que comenzar a laborar en 1986, es decir, cuando tenía 14 años.
La denuncia del OIC señala que, para el 4 de marzo de 2019, el morenista debía cuatro millones de pesos por seis años de aportaciones voluntarias y recargos que tenía pendiente de liquidar.
Para liquidar la deuda, una empresa llamada FINDOC pagó más de 3 millones de pesos al organismo de pensiones estatal, de acuerdo con denuncias consignadas en medios de comunicación de Jalisco.
FINDOC, cuyo giro es el otorgamiento de créditos, es propiedad de dos empresas creadas en Delaware, Estados Unidos.
En 2021, “Chema” Martínez informó que no recibiría la pensión tras ingresar en funciones como diputado local, cargo al que renunció el 13 de marzo pasado para contender por la presidencia municipal de Guadalajara.
En 2022, luego de que se diera a conocer la denuncia, dos servidores públicos fueron vinculados a proceso por la autorización del pago. Cabe destacar que, medios locales anunciaron que se trató de Enrique Helmut Meyer, director de Afiliación y Vigencia, y de Jorge Refugio López Arroyo, supervisor A adscrito a la Dirección General de Prestaciones, ambos funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado.
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