Dice la sabiduría política que “en tiempos de paz, al enemigo se le cuida como a la niña de los ojos”.
Y un ejemplo de ese principio político lo vimos cuando fue el gobierno federal el primero en reaccionar ante el infarto que sufrió Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la atención del principal adversario de Peña Nieto llegó al extremo de que el gobierno federal pagó los gastos de hospitalización especial, del señor López Obrador.
Y es que resulta elemental –y de sentido común–, que es prioritario para todo gobernante cuidar a su principal adversario –o adversarios en general–, ya que el mas afectado por un evento trágico al enemigo, es el gobierno en turno.
Y vale el ejemplo, porque hace pocas horas se convirtió en escándalo político la agresión sufrida por el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, el jefe del PAN, Ricardo Anaya y el ex titular de Gobernación, Santiago Creel, a manos de golpeadores de “Los 400 Pueblos”; una de las muchas organizaciones depredadoras del dinero público y que, en realidad, son grupos de presión a sueldo de gobiernos estatales.
En efecto, no existe una sola prueba de que el gobierno de Javier Duarte haya ordenado la agresión a sus adversarios políticos, quienes habían acudido al Congreso Local para tratar de tirar la iniciativa que crearía una Fiscalía Especial Anticorrupción; figura con la cual Javier Duarte pretendía blindar de impunidad su salida del gobierno de Veracruz.
Sin embargo, tienen razón los señores Yunes, Anaya y Creel, cuando señalan como responsable de la agresión al gobernador Duarte. ¿Por qué tienen razón?
Porque si Javier Duarte o alguno de sus colaboradores no ordenó la agresión –o si no existió la seguridad elemental para disuadir la agresión–, el gobernador de Veracruz sí es responsable por la comisión de uno de los mayores pecados de política; la torpeza de no brindar protección elemental a sus adversarios políticos, en tiempos de paz.
Y aquí aplica –como cuchillo en mantequilla–, otra conseja política fundamental: “En política todo se perdona. menos la estupidez”.
En efecto, la “estupidez” de Duarte fue tal que ameritó la atención inmediata del gobierno federal, a través de la Secretario de Gobernación, cuyos operadores echaron mano de la política para desmontar el monumento a la impunidad que desde el Congreso de Veracruz construía Javier Duarte.
El manotazo de la casa presidencial y la operación política de Bucareli fueron certeros. El congreso echó abajo la perversión política del gobernador de Veracruz. Pero no, que nadie se equivoque. No se trató de una jugada para poner a Duarte en “bandeja de plata” para las ambiciones del PAN.
No, lo cierto es que el al gobernador Duarte y a una veintena de sus colaboradores se les preparan sendos expedientes que –en su momento–, serán procesados por las instituciones encargadas de la procuración de justicia federal, para enviar un mensaje ejemplar de que en el último tramo del gobierno de Peña no se tolerará ni la impunidad ni “El año de Hidalgo”.
Y el mensaje no solo va para el gobernador saliente de Veracruz, sino para los también salientes de Quintana Roo, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y –aunque resulte increíble–, para el de Oaxaca, Gabino Cué.
Y es que si alguien conoce a Peña Nieto, sabe que una de sus reglas básicas es la intolerancia a la traición. Y el 5 de junio, no pocos engañaron y traicionaron al presidente.
Por lo pronto, Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, se puso la soga al cuello.
Al tiempo.
Tomado de Milenio
