Una combinación de alta inseguridad y elevados niveles de pobreza impacta de forma particular a 22 ciudades del país.
Así lo señalan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo con el INEGI, en septiembre pasado, en 42 de los 91 municipios y demarcaciones que evalúa, el porcentaje de la población adulta que consideró que es inseguro vivir en su localidad superó la media nacional, que llegó a 61.4%.
De ese grupo con alta percepción de inseguridad, hay 22 localidades que registran también niveles de pobreza superiores a 40%, de acuerdo con datos a 2020, los más recientes con que cuenta el Coneval por municipio.
Entre esas urbes destaca Fresnillo, Zacatecas, donde 95.4% de la población mayor de 18 años se siente insegura, la tasa más alta del país, y además 40.1% de sus habitantes viven en situación de pobreza.
Los delitos y conductas antisociales que más se observaron ahí en el tercer trimestre del año fueron disparos frecuentes con armas, con 77.2%; consumo de alcohol en las calles, 59.5%, y robos, 25.9%
Otras localidades con altos niveles de inseguridad y pobreza, en orden de importancia, son Uruapan, Michoacán, con una percepción de inseguridad de 91.5% y 42.1% de su población en pobreza, así como Naucalpan y Toluca, ambas en el Estado de México, con tasas de inseguridad de 87.3% y 86.2%, respectivamente, además de niveles de pobreza de 42.6% y 51.8%.
También destacan Tapachula, Chiapas, con tasa de pobreza de 58.5% y percepción de inseguridad de 85.7%, la séptima más alta del país, y Chilpancingo, Guerrero, con 55.5% de población en pobreza y 84.9% de inseguridad, además de Tláhuac, en la CDMX, con 42.4% y 70.4%, respectivamente.
De acuerdo con la encuesta del Banco de México (Banxico) entre especialistas en economía del sector privado, entre los factores que pueden obstaculizar el crecimiento del país está en primer lugar la inseguridad pública, cuya distribución porcentual de respuestas pasó de 11% a 24% de enero de 2019 a septiembre de 2023, la más alta de todas.
“Es un tema que ha ido creciendo y se ha convertido en una amenaza para las inversiones y el bienestar de la población”, comentó Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
Impacto económico
“La persistencia de altos niveles de inseguridad en estas comunidades con pobreza elevada limita sus posibilidades de emprendimiento y desarrollo, lo que hace difícil mejorar las condiciones económicas y de calidad de vida de sus habitantes”, dijo Axel González, coordinador de datos del grupo de analistas México, ¿cómo vamos? (MCV).
Y añadió: “Donde prevalece el Estado de derecho con servicios como la seguridad es más probable un mayor nivel de desarrollo, así como una distribución más equitativa del ingreso. Una percepción de seguridad positiva es fundamental para la calidad de vida de la ciudadanía”.
En su opinión, una alta percepción de inseguridad merma la confianza de las personas tanto en su consumo como en la parte del establecimiento y desarrollo de pequeñas y microempresas, “como ocurre en varias comunidades de México, donde micro y pequeños negocios tienden a ser extorsionados por ciertos grupos delictivos”.
“Esta constante situación es una barrera al crecimiento o la simple instalación de empresas en las comunidades”, destacó.
Y agregó: “Buena parte de la gente que habita esos lugares o que es cómplice de esos grupos, o incluso rehenes, porque no les queda de otra o se hacen de la vista gorda, no denuncian, no se meten porque si no les va mal”.
Falta de recursos
Los resultados del INEGI revelan que hay una carencia de infraestructura urbana en las localidades. Así, 79% de los encuestados se quejó de baches, 59% del suministro de agua y 56% del alumbrado.
“Estos tres factores son responsabilidad de los municipios, que no tienen los recursos suficientes para atender problemas de alumbrado y vialidad que forman parte del esquema de seguridad pública. Los gobiernos locales no cuentan con esas capacidades. Incluso, en el desempeño de las policías municipales para prevenir o combatir la delincuencia, es la que recibe la menor calificación”, destacó Gutiérrez.
Por su parte, Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (Cien) del Tec de Monterrey, comentó:
“En primera instancia se debería resolver el problema de la inseguridad a través de inversión pública que mejore la capacidad de los elementos de seguridad de la localidad, y capacitarlos para enfrentar problemas serios en esta cuestión”,
“A partir de que se vaya paliando el problema de la inseguridad, va a ser más fácil conseguir inversiones, poder generar nuevas empresas y, con ello, seguir combatiendo el problema de la pobreza”, agregó el académico.
Con información de Pulso Diario de San Luis y El Universal
MSA
