Este viernes inició en la Cámara de Diputados el juicio de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Vía remota, comparecerá el abogado Alonso Aguilar Zínser, en representación del mandatario estatal tamaulipeco; por su parte, acudió a San Lázaro Anselmo Mauro Jiménez Cruz, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR.
Según el acuerdo aprobado para el desahogo de esta sesión, el representante de la FGR tendrá 20 minutos para exponer sus acusaciones; después, el abogado de Cabeza de Vaca tendrá el mismo tiempo para responder a las imputaciones de su cliente.
La priista Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, inició la sesión leyendo el dictamen a discutir contra el mandatario panista.
Tras ello, Elizabeth Alcántar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, acusó a Cabeza de Vaca de utilizar su cargo para acumular una fortuna millonaria por medio de 30 propiedades ocultas en Texas y en Tamaulipas, las cuales fueron adquiridas entre los años 2005 y 2019.
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En ese sentido, expuso que el gobernador tamaulipeco diseñó un esquema desde su administración para beneficiar a sus familiares y a terceros con recursos públicos a través de licitaciones.
Por su parte, la bancada del PAN en San Lázaro respaldó al gobernador tamaulipeco y reiteraron que el tema del desafuero le corresponde al Congreso estatal.
🔴#EnVivo La Cámara de Diputados se erige como Jurado de Procedencia para resolver el dictamen sobre procedimiento en contra del Gobernador de Tamaulipas, @fgcabezadevaca @DulceSauri @Bonifaz49 @XavierAzuaraSLP @martha_garay @marianarmyt https://t.co/wGueb6qnr5
— Canal del Congreso (@CanalCongreso) April 30, 2021
Cabe recordar que el desafuero de Cabeza de Vaca es solo por defraudación fiscal, por 6.5 millones de pesos, delito que por el monto es sancionado con prisión de tres a nueve años.
Mientras que el delito de lavado de dinero fue acreditado parcialmente por la FGR, pero el dictamen respectivo precisó que podrá ser comprobado en el juicio penal que pueda iniciarse en su contra.
Con información de Infobae y Milenio
MSA
