“¡Árbitro vendido!”.
La expresión coloquial se escucha en todos los estadios de fútbol.
Hace referencia, como saben, a la deshonestidad de los árbitros que, de forma parcial y a los ojos de todos, favorecen de forma grotesca a tal o cual de los equipos en contienda.
Pero en realidad el eslogan de “¡árbitro vendido!” no es más que un grito de frustración ciudadana ya que los espectadores nada pueden hacer frente a las trampas cotidianas en el espectáculo “de las patadas”.
Y vale la analogía porque, como nunca, a días de la mayor elección de la historia en México, los árbitros electorales parecen empeñados en ganarse a pulso el mote de “¡vulgares árbitros vendidos!”.
Y es que no solo el INE, sino el Tribunal Electoral, se empeñan en regalarnos reiterados ejemplos de su deshonestidad institucional y de que se han vendido al mejor postor; al interés del poder presidencial.
Por eso, nadie hace caso de los reclamos ciudadanos y menos de las exigencias partidistas a favor de la equidad, del piso parejo, la transparencia en el gasto electoral y la rendición de cuentas y menos a las reiteradas denuncias de la participación ilegal y matonera del crimen organizado, a favor del partido en el gobierno.
Sí, la del 2 de junio será una de las elecciones federales más inequitativas de los tiempos de la democracia mexicana; un proceso electoral que viola de manera flagrante la Constitución, que tiene sometidos a los árbitros electorales, que usa todo el dinero público a favor de la candidata presidencial y que persigue a los opositores, mientras que el presidente está en campaña permanente desde que arrancó su gestión.
Eso sin contar con “la mano negra” del crimen organizado que en no pocas entidades del país ya opera para “eliminar” candidatos y colocar aspirantes a modo; todo ello en medio del derroche de dinero “negro” que se niegan ver los árbitros electorales.
Por todo eso, apenas el pasado lunes, la candidata opositora denunció ante el pleno del Tribunal Electoral, la ausencia de “piso parejo” y una creciente participación de grupos criminales en prácticamente todo el país, lo que ha generado una crisis de inseguridad y miedo no solo entre los votantes, en general, sino entre los ciudadanos convocados a representar a los partidos en las casillas.
En pocas palabras, resulta que frente a la tragedia democrática que significa la confirmación de que la del 2 de junio será una elección vigilada por “árbitros vendidos”, lo que veremos es una elección cuestionada en todos los básicos constitucionales.
Es decir, no serán elecciones que garanticen los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, ya que los árbitros electorales son “¡árbitros vendidos!”.
Por tanto, los candidatos que se declaren triunfadores –del partido o coalición que se diga ganadora y del puesto de elección popular que se quiera, sobre todo el de presidente–, carecerán de legitimidad y su victoria podría ser impugnada en México y el mundo.
Pero lo más cuestionable de todo es que para llegar al extremo impensable de empujar la elección presidencial del 2024 a una crisis de constitucionalidad, el gobierno federal y el presidente mismo se encargaron de ensuciar la elección de manera deliberada.
¿Y para qué esa perversión? Sí, para declarar la elección inválida, si pierde Morena.
¿Lo dudan?
1.- El presidente mexicano no ha dejado de violar la Constitución en materia electoral, en todo su gobierno.
2.- Desde el primer día de gestión anunció que sometería a los árbitros electorales, lo cual ya consiguió.
3.- ¨Por eso, López Obrador se convirtió no sólo en el jefe de la ilegal campaña adelantada de su preferida, la candidata Sheinbaum, sino en su principal propagandista.
4.- Propagandista con dinero público, ya que en los últimos cinco años se usaron ríos de dinero del Metro y de otras instituciones para apuntalar a la precandidata y luego candidata Claudia.
5.- Y una vez sometidos el INE es tal el servilismo de su presidenta y de algunos consejeros, que sancionaron una palabra de la opositora Xóchitl Gálvez, en el segundo debate, pero nunca se han atrevido a sancionar al presidente que lleva años haciendo campaña ilegal desde su púlpito mañanero.
6.- Pero acaso la peor noticia para la elección presidencial es que ya se ha convertido en una “narco-elección”, en donde abiertamente participan las bandas criminales, aliadas del gobierno federal, a favor del partido Morena.
Al final de cuentas y una vez que el oficialismo sea derrotado en las urnas, el propio presidente desconocerá la elección y la democracia mexicana habrá muerto. ¿Lo dudan?
Al tiempo.
