El Instituto Nacional Electoral (INE) negó las medidas cautelares en contra de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, vulneración al principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos.
La queja fue presentada por un ciudadano tras la celebración de diversos eventos llevados a cabo en los meses de octubre y noviembre de 2022, así como en enero del año en curso y su respectiva difusión en redes sociales y páginas de internet.
Además, se denunció a los legisladores locales de Michoacán, Juan Carlos Barragán Vélez y Julieta García Zepeda, por su participación en estos eventos.
El quejoso argumentaba que esos funcionarios incurrieron en la difusión a través de internet de varios eventos con simpatizantes.
Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto consideró que en las publicaciones denunciadas no se advierte la urgencia o peligro en la demora, ya que será hasta septiembre de 2023 cuando dará inicio el proceso electoral 2023-2024.
Sobre las publicaciones que se difunden en redes, los consejeros electorales determinaron que están dirigidas a un público determinado, por lo que para acceder a ellas debe existir la voluntad de las personas que las busquen de conocer su contenido.
Además, indicó, las publicaciones fueron realizadas en distintos momentos, por lo que se requiere de una búsqueda detallada de quien tenga interés en consultarlas.
Tampoco se acreditó la urgencia para detener esas acciones, pues el proceso electoral federal iniciará hasta septiembre de 2023, mientras que las actuaciones denunciadas tuvieron lugar en noviembre de 2022.
“En cuanto a las publicaciones realizadas en medios digitales, la Comisión también determinó la improcedencia de las medidas cautelares, ya que, aparentemente, es una actividad que forma parte del quehacer periodístico de los medios de comunicación“, agregó.
La Comisión no aprobó las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, al considerar que se trata de hechos futuros de realización incierta.
El organismo negó aplicar una tutela preventiva, pues se trata de hechos que podrían ocurrir en el futuro, pero no hay certeza sobre ello.
El proyecto fue aprobado por unanimidad con los votos Adriana Favela, presidenta de la Comisión, la consejera Claudia Zavala y el consejero Ciro Murayama.
Con información de La Razón y AM
MSA
