El Instituto Nacional Electoral (INE) planea modificar su estructura orgánica y adecuación a su normativa conforme a lo que dicta el “Plan B” entre abril y octubre de este año.
Así se estableció con el proyecto del Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023, en donde se señala que en dicho periodo, el órgano electoral realizará los cambios planteados en esta reforma, a fin de cumplir con el decreto publicado el 2 de marzo de este año.
El anteproyecto en donde se prevé definir las acciones y el cronograma para la implementación de los cambios al interior del órgano será sometido a votación esta tarde en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, que está convocada a las 18:00 horas.
Sin embargo, las acciones de implementación no serán conforme a los tiempos establecidos en los artículos transitorios de la Reforma Electoral que ponía como fecha límite el mes de agosto para concluir la reestructura y la modificación normativa, debido a que se perfilaba que la aprobación de la reforma en diciembre y finalmente ocurrió el 22 de febrero.
Se identificarán adecuaciones administrativas y costo de reestructuración
De acuerdo con el Plan de Trabajo, de abril a octubre se realizará el proyecto de reestructura orgánica conforme a los lineamientos emitidos, considerando las funciones de las Unidades Administrativas Desconcentradas y Centrales.
En el mismo período se elaborará el proyecto de compactación de las estructuras no contempladas en la reforma.
En ese sentido, se realizará el cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales de su personal y de los organismos públicos locales.
Asimismo, se identificarán las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del instituto.
El Comité también debe proponer la reestructura conforme a los lineamientos emitidos, considerando las funciones de las unidades administrativas, desconcentradas y centrales del INE, así como la compactación de las estructuras no contempladas en la reforma.
Además, se prevé la toma de opinión y conclusión del diseño, así como los criterios de evaluación y designación de los vocales operativos.
El “Plan B” prevé la disminución de las juntas distritales, a fin de que sólo quede un vocal operativo de los cinco vocales que actualmente operan, por lo que se deberá determinar quién se queda a cargo.
Está contemplada la validación del redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica; determinación relacionada con la instalación de órganos locales y oficinas auxiliares y cambios de adscripción de bienes.
La segunda parte del plan de trabajo prevé la adecuación normativa que implicará la elaboración del inventario de la normativa del Instituto; remisión del inventario de las unidades responsables de la normativa que aplica en el ámbito de su competencia, así como el análisis de la normativa para la elaboración del impacto de las modificaciones.
Además, se realizará la revisión y análisis de la identificación normativa prioritaria de carácter administrativo que incluya las adecuaciones enviadas por las unidades responsables.
El Comité Técnico tendrá dos sesiones ordinarias en mayo y agosto, así como las sesiones extraordinarias necesarias.
Quitan funciones a Secretaría Ejecutiva
En tanto, el cambio de titular de la Secretaría Ejecutiva se proyecta concretar en mayo próximo, de acuerdo con los tiempos del “Plan B”, lo que implica que Edmundo Jacobo —quien apenas regresó a su cargo el pasado 13 de marzo— no concluya el periodo para el que fue designado, hasta 2026.
El “Plan B” prevé:
1.- La desaparición de la Junta General Ejecutiva
2.- La fusión de direcciones ejecutivas y unidades técnicas
3.- La reorganización de la estructura desconcentrada.
Estas actividades que se llevarán a cabo en los plazos que aprueben hoy el comité y el Consejo General.
De implementarse el “plan B”, la Secretaría Ejecutiva de Edmundo Jacobo se reduce a un órgano auxiliar del Consejo General.
Más de 10 facultades que actualmente tiene la Secretaría Ejecutiva serían eliminadas; algunas de ellas consideradas prioritarias, como la elaboración del presupuesto del instituto y la coordinación de las direcciones ejecutivas.
El artículo 51 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que delinea las facultades de este órgano del INE, fue reducido con la última reforma. Los legisladores desparecieron ocho incisos y dos párrafos que describían las responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva.
Estos cambios legislativos, impugnados ante el Poder Judicial por el propio INE y los partidos políticos de oposición, prevén que la nueva Secretaría Ejecutiva no conduzca las sesiones del Consejo General, no lleve el orden del día, ni el conteo de los votos de los consejeros.
El “Plan B” también limita la participación de la Secretaría Ejecutiva en la organización de los procesos electorales al restringirle la facultad de oficialía electoral, que consiste en dar fe de la equidad en las contiendas y registrar actos que podrían afectarlas a los participantes.
También se le impide intervenir en las actividades que realizan las juntas locales y distritales ejecutivas, órganos encargados de preparar el desarrollo de los comicios en los distritos electorales; y tampoco tendría injerencia en los nombramientos y conformación de las estructuras de las mismas juntas.
De acuerdo con el Artículo 51 reformado, se le restringiría preparar el calendario de los próximos procesos electorales a desarrollarse en el país.
A la Secretaría Ejecutiva también se le quita la responsabilidad de elaborar el anteproyecto de presupuesto que presentaba al Consejo General del INE.
De acuerdo con el Artículo 51 de la Ley mencionada, fue eliminado el apartado relacionado con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, competente para la tramitación de los procedimientos sancionadores, con lo que esta unidad perderá su adscripción a la Secretaría Ejecutiva.
Otro artículo que prácticamente fue eliminado de la ley mencionada es el 465, en cuyo párrafo ocho, le confería la facultad de recibir, informar e investigar las denuncias y quejas ciudadanas relacionadas con las violaciones a las normativas electorales en los órganos locales.
Con información de El Universal y Animal Político
MSA
