El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso la primera controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral, aprobada en 2022, en un intento por cerrar la puerta a la participación de funcionarios públicos en procesos electorales. Calificaron la estrategia de Morena como “un fraude a la ley”.
INE interpone primera controversia constitucional contra Plan B electoral
El “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan determinados artículos de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, según un comunicado del INE.
“Se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa”.
“El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”.
El órgano electoral señaló que la controversia detalla cómo estos cambios atentan contra la autonomía del INE y su capacidad para llevar a cabo las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas, ya que violan las restricciones constitucionales aún vigentes en el artículo 134, creando un desequilibrio en el modelo de comunicación social y amenazando la equidad de la contienda, además de limitar la capacidad del INE para llevar a cabo su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley.
“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”.
