Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), indicó que la institución que encabeza ofrece diálogo y autocrítica para evitar su desaparición, como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A tres meses del cambio de Gobierno, el mandatario tabasqueño ha reiterado que, con la mayoría calificada que obtuvo Morena en el Congreso de la Unión, que se apruebe su último paquete de reformas, que incluye una iniciativa que busca desaparecer los órganos autónomos, como el INAI, encargado de que las dependencias entreguen información a los ciudadanos y proteger los datos personales.
Ante ello, Alcalá Méndez afirmó que la defensa del INAI no solamente es proteger esta institución, sino proteger y salvaguardar los derechos humanos de todas y de todos.
En ese sentido, prometió “estar a la altura” de las nuevas demandas ciudadanas, al reflexionar que las administraciones e instituciones deben renovarse y modernizarse, por lo que impulsa un ‘Plan D’: diálogo y defensa de la democracia.
“Estamos buscando anticiparnos porque en el INAI no queremos ser espectadores, queremos ser parte central de la discusión”, sostuvo.
Reconoció que el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia deben de ser perfeccionados, pero con base en evidencia, datos duros y un diálogo que permita democratizar aún más los derechos que tutela.
“El INAI es un logro ciudadano. No es una concesión del poder público y por eso lo vamos a defender hasta las últimas instancias”, dijo.
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Pro otro lado, aseguró que ve en la próxima mandataria de México, Claudia Sheinbaum, a una mujer de Estado, con visión, con un proyecto de nación, dispuesta al diálogo y al consenso, por lo que esperó que sea a través de ella que pueda abrirse el espacio para evitar su desaparición.
Además, previó que las iniciativas que desaparecerían al instituto no se aprueben antes de que ella tome posesión, el 1 de octubre, ante la premura del oficialismo por aprobar otros temas, como la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial.
“En ese sentido también tenemos que estar a la altura de miras, pero, para ello, es importante una autocrítica, una autorreflexión, reconocer dónde están esos procedimientos, cómo los mejoramos”, expresó.
Alcalá recordó que el INAI y otros órganos autónomos firmaron una carta para Sheinbaum una semana después de su triunfo, el 2 de junio, y solicitaron una reunión formal.
Aunque reveló que no han recibido respuesta, observan en la próxima presidenta apertura en sus discursos, pues ha mencionado que la reforma a los órganos autónomos se verá después.
“¿Eso qué significa? Que vemos nosotros una disposición, no tajante de decir ‘no’, la iniciativa del presidente (…) pero obviamente da pie a pensar que habrá una disposición, un diálogo para, en su momento, sentarnos a negociar”, confió.
Dispuestos a la austeridad
Una crítica reiterada de López Obrador es el costo del INAI y los reguladores autónomos, pero Alcalá argumentó que son una inversión por prevenir la corrupción.
“Costamos mil 97 millones de pesos (59.8 millones de dólares anuales) y los fraudes en la Casa Blanca, la Estela de Luz, Segalmex han sido muy superiores al presupuesto que hoy tiene el Instituto Nacional de Transparencia”, dijo en referencia a los escándalos de corrupción de gobiernos anteriores que ha ayudado a destapar.
Por ello, anticipó que el INAI podría someterse a la autocrítica para alcanzar una “modernidad integral” en la que se reorganice como aparato burocrático y permee en todo el sistema nacional de transparencia, conformado por más de 8 mil entes públicos y más de 8 millones de unidades económicas que tutelan datos personales en el sector privado.
En este sentido, Alcalá ofreció como alternativa reducir la estructura operativa del INAI, incluso, hasta tener un solo comisionado, pero pidió mantener una estructura que atienda los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
“Puede ser una de las alternativas de modernización hablar precisamente, a lo mejor, de un diseño de cinco comisionados o de tres e incluso de uno, pero siempre y cuando se mantenga una estructura para producir y dar cumplimiento y que las resoluciones se estén dictando con celeridad”, dijo.
En este sentido, destacó que las respuestas a las solicitudes de información tardan no más de 55 días y, con solo cuatro de siete comisionados, ante la negativa del actual Gobierno por hacer sus nombramientos, atienden el 90 por ciento del total de peticiones ciudadanas.
Con información de Vanguardia y MVS Noticias
MSA
