Inai alerta sobre posible robo de datos personales

La SFP notifica que fue víctima de un hackeo a una base de datos que contenía información privada y confidencial de funcionarios públicos

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que fue víctima de un ataque cibernético, cuyos responsables estuvieron en condiciones de hacer una copia de datos personales confidenciales de funcionarios públicos. 

De acuerdo con El Economista, la SFP fue víctima de un hackeo a una base de datos que contenía información privada y confidencial de funcionarios públicos. La información privada vulnerada fue proporcionada por estos mismos como parte de sus declaraciones patrimoniales de 2020.

El o los supuestos atacantes pudieron realizar una copia de los datos personales de los servidores públicos, provocando una “vulneración de seguridad que afecta de forma significativa los derechos patrimoniales de los titulares”, se lee en la resolución de una investigación realizada por el Inai a Función Pública tras conocerse del incidente de seguridad.

De acuerdo a una nota de dicho medio en julio pasado, entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2020 estuvo disponible en internet, sin necesidad de ingresar contraseñas ni otras medidas de seguridad, una base de datos con información privada confidencial de 830 mil funcionarios públicos federales contenida en sus declaraciones patrimoniales.

En su momento, el analista de ciberseguridad Bob Diachenko, quien alertó de la existencia de la exposición de la base de datos, consideró que el incidente era consecuencia de “una mala configuración de seguridad”.

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Luego de conocerse el incidente de seguridad, el Inai, inició una investigación para confirmar la vulneración y, en su caso, determinar la gravedad y ordenar la imposición de sanciones.

Durante el pleno, el Inai determinó el 24 de noviembre, que Función Pública había fallado en sus deberes de confidencialidad y seguridad y en cinco de los ocho principios enunciados en la ley: los de consentimiento, responsabilidad, información, licitud y lealtad.

 

Con información de El Economista

 

AIS