La decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de buscar “acuerdos reparatorios” en lugar de aplicar sanciones penales, confirma lo que hemos comentado reiteradamente en este medio: nadie irá a la cárcel por la muerte de 26 personas y más de 100 heridos tras la tragedia de la Línea 12 del Metro.
En todo caso, podrían ir a la cárcel algunos ex servidores públicos de muy bajo nivel que no tendrán recursos para pagar los montos que establezcan las autoridades para hacer efectivos los “acuerdos reparatorios” que evitarán la acción penal.
Esta forma de “hacer justicia” de la “4-T” es similar a la aplicada tras el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, en donde se privilegió la reparación de daños y la entonces jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, fue exonerada.
De acuerdo con el informe que dio a conocer la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, el colapso de la Línea 12 del Metro del pasado 3 de mayo fue ocasionado por “errores en la construcción”.
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El más elemental sentido común lleva a suponer que los responsables directos serían las empresas constructoras y los altos funcionarios del gobierno capitalino responsables de la supervisión de la obra.
Las constructoras empezaron a caminar hacia la impunidad gracias al acuerdo que alcanzaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconstruyan el tramo colapsado a cambio de que ningún directivo vaya a la cárcel.
Este acuerdo fue concretado tras varias reuniones realizadas en junio de este año entre el presidente López Obrador y el empresario Carlos Slim, quien acudió en representación de las tres empresas involucradas: ICA, Alstom, y CICSA.
Ningún directivo de estas empresas será molestado penalmente, aunque con su negligencia hayan provocado la muerte de 26 personas.
JC
