Sigue el escándalo tras lo hackeado por los Guacamaya Leaks, pues hubo desdén de la 4T a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e injerencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la militarización de la Guardia Nacional (GN).
El 25 de agosto, cuando la CIDH pidió al gobierno mexicano información relativa a la eventual adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, la solicitud no sólo fue desestimada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, sino que incluso ya se tenía la reforma que se discutió y aprobó la semana pasada.
Dicha historias se encuentra entre los documentos dados a conocer por los hacktivistas de Guacamaya, así como la inédita intromisión del titular de la Sedena para exponerles a los legisladores del PRI la “necesidad de la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública más allá de 2024”.
Urgente”, se lee en el asunto del correo electrónico que se esparció como pólvora entre dependencias apenas el 15 de agosto.
Lo anterior, porque la CIDH envió una carta al gobierno de México para pedirle información relativa a la eventual adscripción de la GN a la Sedena mostrando serias preocupaciones, de acuerdo con un correo electrónico que se encuentra entre los millones de documentos de la dependencia castrense que fueron extraídos por el colectivo de hacktivistas Guacamaya.
“Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, reenvió la misiva a los titulares de la secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa, de la Guardia Nacional, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal como asunto “urgente”, solicitando una respuesta del Estado mexicano a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH sobre la compatibilidad convencional y constitucional de un posible acuerdo como el que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado en su conferencia matutina del día 8 de ese mismo mes”, informó el semanario Proceso.
Militarización contravenía estándares internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó en el documento que una decisión de esa naturaleza contravendría los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
Ante esta situación, la respuesta del gobierno mexicano, que también forma parte de los millones de documentos filtrados, no se hizo esperar. El 16 de agosto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informó en el oficio 114/CFEJ/CACCC/CDL/227795/2022 que no era posible emitir un pronunciamiento porque el “tema sobre el que versa la solicitud (se) fundamenta en meras especulaciones”. Sin embargo, mintió.
No sólo el presidente había hecho el anuncio público de que preparaba un acuerdo presidencial “para que, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, sino que, un mes antes, la Sedena presentó a la Presidencia un plan A y un plan B para lograr ese objetivo.
De acuerdo con documentos hackeados a la dependencia, como publicó Proceso en su sitio web la semana pasada, la reforma a cuatro leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, con las que la Sedena tomó el control operativo y administrativo de la corporación, tras ser aprobadas en el Congreso de la Unión, fue redactada por el Ejército.
Militares violaron la Constitución
Es común que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia sean el enlace con el Poder Legislativo para las reformas que interesan al gobierno, pero esta vez quedó al descubierto la injerencia militar en temas legislativos.
“Lo anterior, pese a que es violatorio de la Constitución y de la ley. El artículo 71 de la Constitución señala que el derecho de iniciar leyes o decretos compete solamente al presidente de la República, a los diputados y senadores, a las legislaturas de los estados y a los ciudadanos que junten un número de firmas equivalente a 0.13% de la lista nominal de electores. Mientras que el artículo noveno dice que sólo los ciudadanos pueden reunirse para tomar parte de asuntos políticos y ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar”, agregó el semanario.
Además, el Artículo 17 de la ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prohíbe a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, de manera directa o indirecta, salvo quienes gocen de licencia.
No se están cansando de violar las leyes, pues los Guacamaya Leaks revelaron que hubo desdén de la 4T a la CIDH e injerencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la militarización de la Guardia Nacional (GN).
JZ
