Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por el grupo de hacktivistas “Guacamaya”, revelan que el Ejército Mexicano pidió mejorar la protección de la Novena Zona Militar y de las Unidades Habitacionales Militares de Culiacán, Sinaloa.
Esto tras el operativo fallido del 17 de octubre de 2019 en el que se capturó y posteriormente se liberó a Ovidio Guzmán López, y ante el incremento de agresiones por parte del crimen organizado.
Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador negó los recursos solicitados.
En los correos se refiere que a tan solo semana y media del llamado “jueves negro”, el Ejército planteó por primera vez solicitar al mandatario tabasqueño “reorientar el despliegue operativo de la 9/a. Z.M., con el fin de disponer de mayores efectivos para integrar fuerzas operativas disponibles permanentes”.
Lo anterior debido a que, con motivo de la operación fallido para capturar al hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, “se presentaron múltiples agresiones al personal militar que se encontraba desplegado en el estado de Sinaloa (…) por lo que algunos servicios permanentes al no contar con suficientes efectivos para garantizar su seguridad o realizar una maniobra militar fue amenazada de su seguridad”.
Ejército pidió recursos para proteger a familias de militares en Culiacán
Dos años después, en 2021, el Ejército formalizó su petición y solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 32 millones 848 mil 031 pesos para construir dos bardas perimetrales o, en su defecto, contratar a más personal que “impida o dificulte el acceso a personas ajenas a las instalaciones militares”.
El proyecto consiste en la construcción de una barda perimetral de dos mil 174 metros de largo por tres metros de alto, así como de una barda perimetral de mil 209 metros de largo y dos metros de alto con la que se buscaría garantizar la seguridad de los 800 efectivos militares que laboran en el campo y la calidad de vida de las 96 familias de las Unidades Habitacionales.
En el interior del Campo Militar, de acuerdo con el proyecto, se encuentran también tres organismos militares con funciones operativas: Cuartel General de la Novena Zona Militar, la 24 Compañía de Infantería No Encuadrada y la Tercera Compañía Regional de Mantenimiento Automotriz.
“Es decir, este Campo Militar llega a ser un punto de concentración de tropas, materiales, combustibles y vehículos para el cumplimiento de funciones asignadas por el presidente (…) llegando incluso a alojarse en estas instalaciones autoridades de los tres niveles de gobierno”, indica.
En caso de que este proyecto no se realizara, la Sedena propuso establecer 90 militares más en ambas zonas, que cuentan con solo 60, lo que representaría un costo de 2 mil 158 millones 245 mil pesos a 20 años.
En uno de sus informes internos, la Sedena señala que entre las desventajas del retiro de servicios establecidos como parte del despliegue permanente estaba “dejar áreas que serán ocupadas por los grupos de la delincuencia organizada para tratar de afianzar sus rutas de trasiego de droga”.
Sin embargo, dice que a través de la coordinación “con el escalón superior” y mandos territoriales se evitaría que los grupos delictivos tomen esos espacios. Por ejemplo, menciona que los servicios militares establecidos en presas pueden ser atendidos por los servicios de seguridad de las propias instituciones, como es el caso de la CFE, “que cuenta con cuerpos de seguridad ex profeso para garantizar la seguridad física de las instalaciones”.
También señala que en el caso de las casetas de peaje el personal militar sólo actúa con una finalidad “disuasoria”, toda vez que no interviene en bloqueos, por lo que este tipo de tareas podría ser atendido por la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional.
“(Pero) la experiencia vivida por el ataque al Cuartel y a las UU. HH. MM. dejó un precedente, no existen las condiciones de respuesta ante una agresión armada de esta naturaleza. En caso de continuar con las actuales condiciones de seguridad, el personal militar y sus familias se verán vulnerables ante una situación de crisis”, concluye la Sedena.
Sin embargo, al día de hoy no hay registro de que dichos recursos hayan sido asignados.
Advierten que criminales en Sinaloa tienen armas que les garantiza mayor potencia de fuego
El primer informe enviado por el Ejército desde la “subsección de seguridad pública”, el 29 de octubre de 2019, refiere que durante el primer operativo para detener a Ovidio Guzmán la Sedena contaba con un despliegue de mil 202 elementos en Sinaloa, lo que representaba un 64.27 por ciento de la fuerza operativa con que contaba la secretaría.
“Para lo anterior, resulta conveniente reorientar el despliegue, mediante la concentración de fuerzas altamente móviles y con gran capacidad de volumen y potencia de fuego, ubicadas en puntos centrales para acudir con prontitud a cualquier emergencia”, indica.
En el mismo documento la Sedena advierte que integrantes del crimen organizado utilizan en Sinaloa armamento que les garantiza “mayor volumen y potencia de fuego”, equipo para proporcionar protección física, empleo de medios de comunicación y de vehículos que les permiten mejor movilidad.
Con información de Animal Político
MSA
