Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revelados por el grupo de hacktivistas “Guacamaya”, señalan como la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República rechazó proporcionar información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena.
De acuerdo con los correos, se detalla que el pasado 12 de agosto de este año, Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, envió un escrito a Luz Elena Baños Rivas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para externarle su preocupación sobre la integración de esta corporación de seguridad civil a las Fuerzas Armadas.
En la misiva, la jurista mexicana puntualizó que “un acuerdo de esta naturaleza contravendría la Constitución mexicana, además de la incompatibilidad convencional por su eventual contravención de los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”.
Por este motivo, Reneaum Panszi dio un plazo de siete días para que el Gobierno de México informará sobre la compatibilidad convencional y constitucional sobre un eventual acuerdo presidencial en el que se adscriba la GN a la Sedena; así como sobre el trámite y, en su caso, resolución de la controversia de constitucionalidad 90/2020 relativa al acuerdo de 11 de mayo de 2020.
En respuesta, el 16 de agosto, Edgar Armando Aguirre González, consultor de Defensa Legal de la Consejería Jurídica, envió el oficio 114/CJEF/CACCC/CDL/27795/2022 para notificar a Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que no era posible atender la petición de la CIDH.
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El servidor público justificó la decisión al argumentar que “solo se podría realizar un pronunciamiento respecto de hechos ciertos y el tema sobre el que versa la solicitud de información se fundamenta en meras especulaciones, por lo que no es dable atender el requerimiento de mérito en los términos que se plantea”.
En su escrito, Tania Reneaum recordó que, “en la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, situación agravada por la impunidad que prevalece en estos casos respecto de los agentes militares involucrados”.
Por ello, la CIDH recomendó al Estado mexicano desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.
Cabe recordar que la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena se concretó el 9 de septiembre de este año con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto de reformas a las leyes de Administración Pública Federal; de la Guardia Nacional, así como del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Con información de MVS Noticias
MSA
