Este 27 de febrero la organización México evalúa, presentó el informe “arquitectura del Ramo 23”, en la cual destaca que la distribución de recursos de esta partida discrecional federal está sometida a la voluntad del gobierno de la República, así como a su afinidad política de los gobiernos estatales.
La organización destaca que en el sexenio anterior, el promedio anual destinado al Ramo 23 era de 14 mil 230 millones de pesos, mientras que en la actual administración ha llegado a la cifra de 63 mil 693 millones de pesos.
El estudio detalla que entre 2009 y 2012, el total ejercido bajo los tres programas que echan mano del Ramo 23 (Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Programas Regionales y Contingencias Económicas) fue de 56 mil 922 millones de pesos, mientras que entre 2013 y 2017, fue de 318 mil 465 millones de pesos.
México evalúa detalla que este modelo debe cambiar, ya que hay entidades que requieren más este tipo de apoyos que otras por diversas circunstancias no previstas.
Además, la organización también analizó el reparto de los recursos de este ramo en cada estado:
En el caso del Estado de México, el sexenio anterior recibía recursos por debajo de la media nacional, ya en el actual sexenio este apoyo aumentó al triple.
En el sexenio anterior Jalisco recibía recursos por el triple de la media, mientras en el mismo periodo Veracruz no recibió participación alguna por este monto al ser un gobierno priísta, contrario al del partido que estaba en el gobierno federal, que era el PAN.
En el informe se detalla la captación de estos recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, es de casi una tercera parte de los recursos adicionales recaudados por mayores impuestos (ISR, IVA, IEPS gasolinas, etc.) y se asignaron a tres programas discrecionales del Ramo 23 sin regulación, sin garantía de que su diseño sea apropiado y sin evidencia de que se encuentren vinculados al Plan Nacional de Desarrollo.
Este reporte concluye que además de las observaciones graves que ha hecho la ASF al ejercicio de estos recursos en los estados, se ha encontrado que cuando se gastan no se cuenta con documentos para comprobar en qué se ejercieron. Ello da pie a la suposición de que este tipo de operaciones tienen fines políticos por parte del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda.
