Luego de las protestas del Movimiento Nacional de Taxistas en varios puntos del país en contra de las aplicaciones de transporte, se dio a conocer que el Gobierno mexicano prometió al gremio mantener operativos en los 56 aeropuertos y áreas de jurisdicción federal para que ningún vehículo de Uber, DiDi, Cabify o cualquier plataforma pueda dar servicio en sus alrededores.
“Se acordó que la Secretaría de Gobernación coordinará solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Guardia Nacional (GN) o equivalente, acciones en zonas federales para realizar operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal”, explicó el subsecretario Ricardo Peralta por medio de un comunicado.
Con el argumento de que se trata de una zona federal, autoridades y taxistas recordaron que en estas áreas sólo está permitido que conductores acreditados por la SCT puedan ofrecer sus servicios, sin embargo, podrían estar violentando los artículos 5 y 28 de la Constitución Mexicana.
El primero indica: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.
Por su parte, el artículo 28 explica: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.
“En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”.
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Con lo anterior, parece que las autoridades se protegen a sí mismas para evitar nuevos bloqueos sin importar el trabajo de cientos de mexicanos que encontraron una fuente de trabajo en las plataformas digitales, ¿no que es un gobierno muy humanista?
