Desde el mes de noviembre de este año, el Gobierno exigió a directores, subdirectores y jefes de área que entregaran las renuncias de sus equipos a más tardar el 30 de noviembre, bajo el argumento que tenían instrucciones de eliminar la nómina actual antes de enero y en su lugar poner al equipo de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo a un audio en poder de Excélsior, Alejandro Álvarez Ramírez, coordinador de Comunicación Social del Gobierno federal solicitó la renuncia a 12 empleados el pasado 13 de diciembre, desde niveles operativos hasta servidores con 33 años de antigüedad, a sólo meses de jubilarse.
“La instrucción que nos dieron y que había sido un acuerdo con el vocero, en su momento y es que íbamos a dejar las renunciar firmadas al 30 de noviembre, sin embargo, no hubo esa comunicación. Por eso me toca decirles que si me pueden firmar las renuncias, al 15 de diciembre”, dijo Álvarez en uno de los audios en una reunión con trabajadores en la oficina de la Presidencia, en la Condesa.
“No crean que esta parte es fácil. Es complicada… pero a mí me tocó”, señaló Álvarez a los empleados.
Ante la sorpresiva noticia, donde los trabajadores se enteraron que en sólo dos días quedarían desempleados, con la esperanza preguntaron si cabía la posibilidad de que el nuevo gobierno cambiara de parecer, Álvarez Ramírez respondió que era imposible dado que la Oficina de la Presidencia es “muy sensible” y prefieren trabajar sólo con gente de su confianza.
De acuerdo con empleados consultados por Excélsior, en las áreas donde los directivos se negaron a despedir a su equipo, fueron las propias autoridades entrantes quienes lo hicieron.
María, quien laboraba en Los Pinos desde el sexenio de Miguel de la Madrid y estaba a tan sólo cuatro meses de jubilarse, tuvo que firmar su renuncia.
“Se expusieron nuestros casos, pero al final salimos sólo con nuestra quincena. Están destruyendo a familias enteras” reprochó María en entrevista con Excélsior.
Asimismo, personas con discapacidad también fueron despedidas. Un caso como el de Patricia, con 25 años de antigüedad en gobernación le pidieron firmar su renuncia y sin darle tres meses de indemnización que le corresponden.
“Nos están separando contra la ley. Nos están tratando como si fuéramos el enemigo, sólo por haber trabajado en administraciones pasadas”, dijo.
