Algo pasa en Yucatán que el gobierno de esta entidad federativa se haya sumido en medio de un verdadero huracán, en lo político, lo económico y hasta en el tema de salud pública.
El gobierno del estado, de extracción panista, ha sido de inicio, objeto de severos cuestionamientos de parte de importantes sectores de la sociedad, que le reprochan falta de sensibilidad e incumplimiento de sus ofrecimientos de campaña, por haber despedido y mandado a la calle, a más de diez mil empleados, a los cuales en su mayoría no se les respetaron su antigüedad y no se liquidó conforme a derecho.
Esta situación derivó en airadas protestas sociales, que se vieron fortalecidas, cuando la directora del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) ordenó descontar un porcentaje de los salarios de jubilados y pensionados, alegando un error administrativo, que trató de justificar mediante la estratagema de un estímulo que se otorgó y que al desaparecer, dio la idea de merma.
Lo anteriormente consignado, derivó en protestas sociales, que desembocaron con ocasión del informe del estado de actividades de la administración, en un lamentable episodio de represión, en que los ciudadanos yucatecos que se manifestaban pacíficamente, fueron repelidos a base de gas pimienta.
De manera posterior, la administración estatal se vio inmersa en otro conflicto, al anunciarse una ola de aumentos de impuestos y derechos, entre los que destacaron los referentes al canje de placas y enajenación de vehículos usados, que atizaron el malestar social prevaleciente.
Al presentarse la crisis sanitaria, fruto de la pandemia global provocada por el virus del COVID-19, nuevamente el gobierno del estado se vio inmerso en acres cuestionamientos, al anunciarse la compra de ventiladores destinados al tratamiento de la enfermedad, toda vez que el régimen en turno anunció que eran nuevos y una publicación realizada por una revista de origen norteamericano, mencionaba que eran de medio uso, con defectos de funcionamiento y además pagados con sobreprecio.
La crisis se acentuó cuando debido al impacto económico de la pandemia, la administración estatal dio a conocer que otorgaría a los ciudadanos un seguro de desempleo temporal, para ayudarlos a superar la contingencia. Es menester mencionar que las listas de beneficiarios se elaboraron con la supervisión de destacadas figuras de la comunidad académica local, pero pronto el gozo se fue al pozo, cuando los medios de comunicación impresos, electrónicos y las redes sociales, se inundaron de reclamos, al identificar una gran cantidad de personas vinculadas con el régimen, que era más que evidente que no necesitaban el apoyo y que se lo quitaban a ciudadanos en condiciones de precariedad.
Pero todavía el malestar se incrementó al conocerse una lista de empresarios beneficiados con cuantiosos apoyos económicos, vinculados a prominentes funcionarios de gobierno en activo, como la secretaria de administración y finanzas e incluso la secretaria general de gobierno.
La administración estatal pretendió deslindarse hablando de un crédito adquirido con una institución financiera, pero las sospechas no se disiparon, sino que peor aún, se incrementaron, porque jamás se aclaró si fungió o no, como aval del compromiso.
El colofón de todo esto, fue la denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional contra el gobernador del estado, argumentando uso faccioso de los programas emergentes, para favorecer al partido en el gobierno (el PAN) y sus intereses particulares.
Por lo visto, hay mucho que explicar al pueblo yucateco y es urgente que se deslinden responsabilidades administrativas y legales y que se sancione con apego irrestricto a la ley, a quien deba hacerse, caiga quien caiga.
Dios, Patria y Libertad
