El gobierno de Enrique Peña Nieto “ha emprendido una campaña inédita contra la sentencia judicial en vez de que los esfuerzos institucionales vayan encaminados a dar con la verdad”, afirmaron familiares de los 43 normalistas desaparecidos a propósito de la orden judicial de crear una Comisión de la Verdad para esclarecer el caso.
Por tal motivo, los deudos solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso y defina una sentencia sobre la legalidad de dicha comisión.
Según los quejosos, los ministros deberán escoger entre dos caminos: “ser cómplices de los intereses del gobierno de Enrique Peña Nieto o reivindicar su independencia y autonomía con la ratificación de la sentencia de tres magistrados que ordenaron la creación de la comisión”.
El desacuerdo de los padres de los 43 estudiantes estriba en que la PGR, instancia que a tres años y 10 meses de la desaparición forzada de Ayotzinapa no ha encontrado respuestas sobre el caso, argumentó la “imposibilidad jurídica” de una Comisión de la Verdad.
Sin embargo, las 32 procuradurías locales de las entidades federativas también se manifestaron en contra de la creación de dicha comisión, e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que participar en investigaciones judiciales —como ordenó en primera instancia el Tribunal que emitió la sentencia— está fuera de sus atribuciones.
