El Gobierno del Estado de México impugnó los juicios de amparo con los que 12 padres de familia evitaron la distribución y uso de casi 10 mil libros de texto gratuitos por 3.1 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria en la entidad.
La Consejería Jurídica estatal interpuso recursos de revisión en los juicios de amparo 1094/2023 y 1096/2023, mediante los que magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito prohibieron el uso de 9 millones 804 mil 777 libros que ya fueron entregados, casi en su totalidad, a los alumnos para el ciclo escolar 2023-2024.
La administración encabezada por Delfina Gómez considera que la decisión del Tribunal Colegiado federal daña el interés superior de más de 3.1 millones de estudiantes mexiquenses de educación básica, al privarlos de una educación completa y, con ello, afectan su libertad de elección y pensamiento sobre qué lecturas conocer y cuáles no.
Este Tribunal ordenó a los jueces tercero y cuarto de distrito otorgar la suspensión de los actos de las autoridades educativas federales y estatales para el efecto de que “… a los alumnos que cursan los grados de segundo a tercero de preescolar, primero a sexto de primaria, y segundo y tercero de secundaria, de las instituciones de educación pertenecientes al Estado de México, no se les distribuyan los libros de texto o bien, en caso de haberse entregado, no utilicen o aprovechen los mismos”.
Esta resolución, considera la administración estatal, “afecta la enseñanza de la totalidad del alumnado de nivel básico y obstaculiza el buen funcionamiento del diseño pedagógico de la nueva escuela mexicana, a pesar que solo 12 padres de familia promovieron el amparo, consideraciones que los magistrados federales no tomaron en cuenta al ordenar a los jueces de distrito emitir las suspensiones de los actos de las autoridades educativas estatales”.
Para la autoridad mexiquense, los magistrados Isidro Manuel Muñoz Acevedo, Alberto Roldán Olvera y David Tagle Islas (secretario en funciones de magistrado) violaron las reglas básicas del juicio de amparo, pues los alcances de estas demandas deben ser procedentes sólo para quienes las promueven.
La orden del Tribunal Colegiado a los jueces de distrito, refirió la Consejería Jurídica, “daña gravemente a más de 3.1 millones de estudiantes de educación básica, a quienes en un 85% ya se les han entregado los libros de texto gratuito, pero no pueden utilizarlos, con lo que se afecta el derecho a la educación tutelado por el artículo tercero constitucional”.
En la decisión de los magistrados federales, consideró el gobierno mexiquense, “prevalece la ideología de unos pocos sobre la libertad de pensamiento de millones de alumnos, padres de familia y maestros”.
Con la suspensión, prosigue, “los magistrados federales además intentan imponer una carga económica desproporcionada a las familias y al sistema educativo estatal al sugerir la reimpresión de los libros de texto aprobados para el ciclo inmediato anterior (2022-2023), omitiendo analizar y considerar las condiciones económicas de las familias mexiquenses y la ausencia de previsión presupuestal de las autoridades educativas para reimprimir millones de libros”.
“El Gobierno del Estado de México ve con preocupación la recurrente injerencia de las autoridades judiciales federales en el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas del Estado Mexicano, que constitucionalmente sólo competen a los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, enfatizó la dependencia.
Por esta razón, el Gobierno del Estado de México exhortó a los jueces y magistrados federales a ser sensibles con la realidad social del país y emitir sus resoluciones respetando los marcos competenciales de los Poderes de la Unión y de los Estados, limitando su actuación a lo que la Constitución les encomienda para lograr una verdadera justicia en los casos sujetos a su jurisdicción.
Con información de Proceso y Faro Digital
MSA
