Previo a fallecer el pasado 13 de diciembre, Miguel Barbosa, entonces gobernador de Puebla, presentó cerca de 346 denuncias en contra de exfuncionarios por supuestos actos de corrupción, incluidos enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y uso de recursos de carácter ilícito.
De acuerdo con su Cuarto Informe de Gobierno, que se hubiese presentado el 14 de diciembre, su administración dio cuenta de procesos penales que se iniciaron contra exfuncionarios del morenovallismo y del propio barbosismo.
En el apartado titulado “Combate a la corrupción”, se explica que en 2022 había varias denuncias interpuestas ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, “en contra de diversos servidores públicos que en uso de sus funciones realizaron hechos posiblemente constitutivos de delito”.
Si bien no explica a quienes, sólo se detalla que es contra de diversos servidores públicos que realizaron diversas irregularidades que constituyeron un delito.
Además, se establece que se iniciaron 499 proceso de sanción administrativa contra funcionarios públicos, de los que 270 corresponde sólo al presente año.
Otros 390 fueron calificados como faltas “no graves”; 104 más son “faltas graves”; 316 están etapa de sustanciación y finalmente 45 fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa.
El informe también indica que el gobierno estatal recuperó diversos predios que eran utilizados para beneficios de privados y con fines de lucro, los cuales ascienden a los 250 millones de pesos.
Asimismo, resaltó la recuperación de dos predios con superficies de 1.89 y 1.54 hectáreas, así como la devolución de “espacios de uso común para la ciudadanía”.
Con información de Político.mx y zocalo.com.nx
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