Todo parece indicar que en Sonora, el gobierno de Alfonso Durazo intenta despojar a los adultos mayores de su patrimonio.
De acuerdo con EMEEQUIS, en Hermosillo, la familia Flores Rosas denunció al gobierno de Sonora de despojarlos de un terreno de dos hectáreas con un valor actual de 60 millones de pesos.
Dicho terreno alcanza ese valor porque se encuentra en una de las áreas de más plusvalía en el municipio, donde el metro de terreno se oferta entre los cuatro mil y cuatro mil 500 pesos, pero casas habitación en zonas residenciales que ahí se han asentado superan los 5 millones de pesos.
“Le pido al gobernador que me deje mi casita, que nos arregle este pedacito de terreno, no puede ser tan injusto que esas personas que son millonarias y tienen ese bolsillo acaparado me quieren desalojar para hacerse más millonarios”, solicitó doña Delia Rosas Martínez, quien, después de superar el Covid-19, fue notificada del desalojo del predio en el que han vivido por más de 10 años, debido a que el gobierno de Sonora invalidó las escrituras de su hogar.
¿Cuándo comenzó este problema?
Este problema por las tierras comenzó con la llegada de Ricardo Mazón Lizárraga, dueño de la empresa Pro Vida S.A de C.V., quien convenció a Carlos Solís Álvarez, posesionario original de la tierra de 260 hectáreas donde vivían al menos ocho familias, de firmar un fideicomiso que conllevaba la integración de los ocho polígonos del terreno donde se desarrollaría un conjunto habitacional y se repartirían las utilidades.
Sin embargo, el proyecto nunca se cristalizó y el posesionario original de la tierra entró en una batalla legal para concluir el fideicomiso.
Según la familia de adultos mayores, tras un acuerdo, el posesionario accedió a cederle una parte del terreno al empresario y otra al gobierno del estado, con el objetivo de construir el ahora conocido como Estadio Sonora, todo ello en 2013.
Durante su campaña a la gubernatura, Durazo Montaño reconoció a Ricardo Mazón Lizárraga como “uno de los tres grupos de poder en Sonora”, arropado en su momento por la exgobernadora Claudia Pavlovich.
No obstante, aunque Durazo Montaño aseguraba que llegaría a derrocar a esos grupos de poder y corrupción, además de que no utilizaría “los instrumentos del poder” en contra de los ciudadanos, existe un vínculo entre el gobierno sonorense y el empresario: Jesús Borchardt Ojeda, abogado de Mazón y representante legal del actual gobierno morenista.
A continuación les compartimos el reportaje íntegro de EMEEQUIS, que narra cómo en Sonora, el gobierno de Alfonso Durazo intenta despojar a los adultos mayores de su patrimonio:
Con información de EMEEQUIS
JZ
