El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que se promuevan acciones legislativas, operativas y orgánicas presupuestales para consolidar una unidad policial especializada que se encargue en la investigación de lavado de dinero.
Esto, gracias a uno de los temas que se estableció dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) el cual envió Obrador al Senado para su análisis, discusión y posible aprobación.
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Esta iniciativa señala que se propondrá una ley federal de combate al conflicto de intereses para limitar las adquisiciones directas y, en su caso, propiciar su revisión por parte de los órganos fiscalizadores, para investigar y clausurar las empresas fantasmas.
Además, se establecen como “obligatoriedad” las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional para erradicar los paraísos fiscales, monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
