El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no investiga el asesinato de tres periodistas pues considera que no es contemplado como atentado contra la libertad de expresión.
Estos casos corresponden a los asesinatos de Roberto Toledo, Jorge Camero y Allan González.
Los primero casos en ser descartados como antentados contra la libertad de expresión fueron los de Roberto Toledo y Jorge Camero, por demostrarse que supuestamente ninguno de los dos se desempeñaban en el ámbito informativo al momento de la agresión. A grosso modo, se habían retirado del oficio.
Allan González es el otro reportero que fue ultimado en agosto de este año en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente; y quien, al igual que Toledo y Camero, no es actualmente investigado como agresión a la prensa.
González fue asesinado el 11 de agosto junto a sus tres compañeros de trabajo (radio Switch de Mega Radio) a las afueras de una pizzería cuando realizaban un control remoto completamente en vivo. Esto, durante la violenta jornada que azotó a Chihuahua tras una riña en el Cereso de Ciudad Juárez.
Y si bien el multihomicidio (de Allan y sus equipo) se confirmó a través de la mañanera siguiente, así como la activación del Mecanismo de Protección a Periodistas.
