Funcionarios de la 4T venden medicamentos al IMSS sin garantía de preservación

Resulta que algunos funcionarios de la 4T venden medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin garantía de preservación

desabasto medicamentos Sonora
Foto: El Consejero

¿Ya no son corruptos? Resulta que algunos funcionarios de la 4T venden medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin garantía de preservación.

De acuerdo con EMEEQUIS, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está limpiando la corrupción en el abasto de medicamentos del sector público de salud con un método particular: la asignación de contratos a empresas de funcionarios de gobiernos morenistas.

En febrero del año pasado, Eduardo Daniel Jasso Sánchez y Daniel Alberto Castro Ortega, funcionarios financieros del gobierno morenista de Américo Villarreal, se asociaron con un proveedor de servicios de cómputo y circuito cerrado de televisión de la propia administración pública tamaulipeca, Carlos Alberto Saldaña Nieto, y fundaron una empresa dedicada a la venta de medicamentos: Grupo Osherx.

Aparentemente sin nociones de los requerimientos técnicos y logísticos para la preservación y traslado de algunos medicamentos, nueves meses después de registrar el acta de la empresa, el grupo empresarial consiguió un contrato con el IMSS por un monto de 57 millones de pesos, por el surtido de varios lotes de loperamida, benzonatato, fluoxetina, y de eritropoyetina.

Esta última es una hormona que requiere un tratamiento especial en cadena de frío, por tratarse de un biotecnológico. Tres de las marcas solicitadas se producen en el Valle de México y otra en Guadalajara. Pero al IMSS le pareció bien asignar el contrato a la empresa de Tamaulipas.

El producto habría sido enviado de Ciudad Victoria al puerto de Acapulco, Guerrero, dos regiones con elevadas temperaturas. Pero los socios principales parecen desconocer la infraestructura requerida para la distribución de este tipo de medicamentos.

Niegan conflicto de interés

Eduardo Daniel Jasso, empresario, servidor público y socio de Grupo Osherx, rechazó haber incurrido en un posible conflicto de interés.

Sobre su condición de funcionario y la del comisario de su consejo de administración, y su simultánea actividad como proveedores del gobierno, así como de su sociedad con un excontratista de una institución en la que fungió como encargado de finanzas, Daniel Jasso niega que incurran en conflicto de interés o que violaran la ley:

“Nosotros no tenemos nada qué ver con la cuestión de este tipo. O sea, no tenemos relación. En lo que es la venta es aparte, es otro tipo de gobierno”.

No obstante, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público prohíbe expresamente a las dependencias y entidades adjudicar contratos a quienes “desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte”.

Sólo puede exceptuarse con un permiso especial de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero el empresario también negó contar con dicho salvoconducto.

Crean empresas en gobierno de AMLO

Grupo Osherx forma parte de las empresas que fueron creadas y entraron al mercado de medicinas durante la actual administración.

EMEEQUIS contabilizó 163 empresas creadas entre 2018 y 2022 que han facturado por suministro de medicinas y productos clínicos al gobierno en funciones más de 8 mil millones de pesos en el último ejercicio.

Son las sustitutas de las antiguas empresas proveedoras de productos y servicios médicos, tras el desmantelamiento de la cadena de abasto de medicinas implementada por el gobierno de AMLO, y forman parte de su presunta cruzada contra empresas corruptas en el sector.

Apenas el 19 de enero, el tabasqueño dijo que el desabasto ya había sido resuelto, y agregó: “Ya puedo informar que tenemos medicamentos adquiridos para este año y 2024, era un problema complejo y además con muchos intereses, muy afectado por la corrupción, eso ya lo hemos resuelto”

Podríamos estár ante un caso de conflicto de interés y corrupción, pues algunos funcionarios de la 4T venden medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin garantía de preservación.

JZ