La 4T ha mostrado que, por más difícil que cueste creer, tampoco es partidaria de los activistas que no están de acuerdo con sus decisiones, incluso cuando eran ellos los que siempre criticaron a gobiernos anteriores.
Así lo demostró el polémico gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, a quien acusan de tenderle una trampa a Miguel López Vega, miembro del Frente de Defensa de la Tierra y el Agua en la sección de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), mismo que fue detenido por una supuesta orden de aprehensión en su contra mientras acudía a una oficina pública por invitación del mismo gobierno.
López Vega había salido de una reunión con el director General del Gobierno de Puebla, Víctor Flores Báez, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) lo detuvo por oposición a la construcción de obras públicas, ataques a vías principales de comunicación y a atentar contra la seguridad de medios de transporte, indicó la dependencia.
Debido a la repentina aprehensión del activista, sus compañeros del Frente manifestaron: “es un acto en contra del derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y de criminalización de la protesta, así como un intento por intimidar a la comunidad para que desista de seguir luchando contra la contaminación de su río”.
A las exigencias se sumó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC México) y el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas quienes, además condenar la detención de Miguel López, recordaron la muerte de su compañero Samir Flores quien fue asesinado y también se oponía a uno de los proyectos de la Cuarta Transformación, delito que continúa sin esclarecerse
“También instamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla a iniciar una queja de oficio a efecto de que se investiguen las violaciones a derechos humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a vigilar en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de Miguel López, los cuales actualmente están siendo violentados”.
